Uno de cada cien niños españoles sufre algún tipo de maltrato en el ámbito familiar, según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPaP), que advierte no obstante de que esta cifra es sólo «la punta del iceberg», puesto que sólo salen a la luz entre el 10% y el 15% de los casos.
La negligencia, como llevar al niño vestido inadecuadamente o malnutrido, es la primera forma de violencia intrafamiliar contra los más pequeños, seguida del maltrato psicológico, el físico y los abusos sexuales, ha explicado este lunes en rueda de prensa la vicepresidenta de AEPaP, Narcisa Palomino.
De hecho, el Registro Unificado de sospecha de Maltrato Infantil recibió en 2015 un total de 13.818 notificaciones, que pueden incluir más de una tipología de maltrato. Así, las comunidades comunicaron 17.149 casos de maltrato a menores, de los que 8.726 fueron por negligencia, 4.439 emocionales, 3.297 físicos y 687 abusos sexuales.
Ese mismo año se denunciaron cerca de 4.000 casos de menores víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, según datos del Ministerio del Interior y, desde 2013, 22 niños han sido asesinados por la violencia intrafamiliar, siete de ellos este año, a los que podría sumarse la pequeña degollada este domingo en Alzira (Valencia) por su padre, aún en fase de investigación.
Sin embargo, Palomino ha denunciado que se trata de un fenómeno «invisible» del que la inmensa mayoría de casos no trasciende. Según sus estimaciones, y tomando como referencia un estudio de la Universidad de Sevilla, cada pediatra atiende una media de 1.000 menores, de los que entre 10 y 15 serían víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
Por ello, le presidenta de la Asociación, Concepción Sánchez Pina, ha exigido, además de una homogeneización de las cifras, que los pediatras puedan acceder a los registros, puesto que su papel es fundamental en la detección precoz del maltrato infantil.
En este sentido, la AEPaP ha reclamado una ley integral de violencia contra la infancia que proteja a los menores de cualquier forma de violencia en el ámbito familiar y que contemple medidas de coordinación de todos los agentes implicados y otorgue mayor formación a estos profesionales.
«Tenemos protocolos y están bien escritos, pero hace falta formación» para que no se siga «desprotegiendo a la infancia», ha subrayado Palomino.
Y ello porque las secuelas que deja el maltrato no son siempre tan claras como un hematoma o una fractura, ya que estos niños pueden padecer consecuencias psicológicas, como depresión o ansiedad, síntomas funcionales como dolores de cabeza, trastorno del sueño o pérdida de control del esfínter, o trastornos de la conducta y disminución del rendimiento escolar.
En la detección de los casos, la «verbalización» de la situación por parte del propio niño es uno de los indicadores «más potentes» que tienen los pediatras, que consideran además que debería tenerse en cuenta su opinión en los procesos de guarda y custodia.
«No puede ser que los derechos de un progenitor que no cumple con sus obligaciones estén por encima» de los del niño, ha criticado Palomino para demandar a continuación que se revise la edad de escucha a los menores en los juicios, que ahora es de 12 años.
Ello porque los pequeños pueden manifestar «el terror» que pueden tener a una persona de muchas formas además de la verbal, de ahí que la pediatra haya instado a «confiar en la palabra del niño porque la sombra de la mentira hace mucho daño».
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