La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia el control total del dinero físico: a partir del 10 de julio de 2027 estará prohibido pagar más de 10.000 euros en efectivo en cualquier Estado miembro. El límite está fijado en el Reglamento 1624/2024, un paquete legislativo que Bruselas enmarca en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero que llega en un momento especialmente sensible para la libertad económica de los europeos.
La Comisión Europea insiste en que la normativa «no compromete la privacidad de los ciudadanos», pese a que la propia ley contempla la creación de un registro centralizado de titulares de cuentas bancarias, cajas de seguridad y activos en criptomonedas. Las autoridades nacionales podrán consultar esta base de datos en investigaciones financieras, lo que refuerza la percepción de que Bruselas avanza hacia un sistema económico plenamente trazable, preludio del euro digital que la UE quiere imponer antes de que termine la década.
Aunque el límite europeo será de 10.000 euros, España ya aplica una de las prohibiciones más estrictas de la Unión, al impedir pagos en metálico superiores a 1.000 euros, una medida que seguirá vigente. Según el Banco de España, el 57% de los consumidores españoles utiliza efectivo a diario, cifra que quedó subrayada tras el apagón internacional de datáfonos en abril, cuando millones de ciudadanos comprobaron que el dinero físico es la única garantía frente a fallos tecnológicos y restricciones inesperadas.
Bruselas sostiene que la nueva regulación permitirá «reforzar la transparencia» en las transacciones y facilitar el rastreo de operaciones sospechosas. Sin embargo, el anuncio coincide con una ofensiva comunitaria para reducir el uso del efectivo y acelerar la transición hacia métodos digitales completamente controlables. En este contexto, el límite de 2027 y el registro financiero centralizado alimentan el temor de que la UE camine hacia una vigilancia económica integral, donde cada movimiento del ciudadano quede registrado y cada pago dependa de la infraestructura digital de las instituciones.
