El empleo ya no garantiza por sí solo salir de la pobreza en España. El Informe Anual sobre el Estado de la Pobreza en España de 2026, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), refleja que la creación de puestos de trabajo convive con elevados niveles de vulnerabilidad económica entre los ocupados.
Según el estudio, el 11,6% de las personas ocupadas vive bajo el umbral de pobreza, lo que representa aproximadamente 2,5 millones de trabajadores. Se trata de personas que cuentan con un empleo, pero cuyos ingresos no son suficientes para garantizar unas condiciones de vida consideradas dignas.
El informe pone de manifiesto que la pobreza no se concentra exclusivamente entre quienes carecen de trabajo. De hecho, el 33% de las personas pobres tiene un empleo activo, frente al 19,9% que se encuentra desempleado. El resto corresponde fundamentalmente a personas inactivas, entre ellas jubilados y personas incapacitadas.
La reducción del desempleo durante la última década no se ha traducido en una disminución equivalente de la vulnerabilidad entre quienes trabajan. La tasa AROPE, indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, muestra que la situación de los trabajadores apenas ha mejorado. Entre 2014 y el último registro disponible, el indicador pasó del 18% al 16,4%. El empleo crece, pero pierde capacidad protectora frente a la pobreza.
La precariedad laboral
El estudio atribuye parte de esta evolución a la calidad del empleo y a las características estructurales del mercado laboral español. La temporalidad, los salarios reducidos, la estacionalidad y, especialmente, la parcialidad involuntaria aumentan el riesgo de pobreza entre los trabajadores.
La situación afecta de manera especialmente intensa a las mujeres, debido también a su mayor peso en las tareas de cuidados no remunerados. Las jornadas reducidas limitan los ingresos y dificultan que determinados hogares puedan afrontar el coste de la vivienda, la alimentación y otros gastos básicos.
A ello se suma el peso de sectores productivos con menor valor añadido, entre ellos actividades vinculadas a la hostelería y el turismo. El informe señala además que el 4% de los ocupados vive en pobreza severa, al disponer de ingresos inferiores al 40% de la mediana nacional. Este colectivo representa más de un tercio de los trabajadores pobres y evidencia los límites de considerar suficiente la mera existencia de un empleo.
Protección social insuficiente
La EAPN-ES también analiza la capacidad del Estado de bienestar para reducir las desigualdades mediante transferencias y políticas sociales. España reduce la pobreza mediante sus políticas de protección social en un 23,2%, por debajo de países como Irlanda, donde la reducción alcanza el 51,5%, o Francia, con un 38,5%.
El informe reclama, en este contexto, reforzar las políticas relacionadas con la vivienda, la infancia y el apoyo a las familias. También apunta a la necesidad de mejorar la capacidad redistributiva del sistema fiscal para reducir el impacto de las desigualdades de origen.
