La intervención del Gobierno socialcomunista en el mercado del alquiler ha provocado el efecto contrario al que prometieron Pedro Sánchez y sus socios de Unidas Podemos. Dos años después de la entrada en vigor de la ley de Vivienda, España ha perdido más de 120.000 pisos en alquiler y las rentas han alcanzado máximos históricos, con una subida del 26%. El acceso a una vivienda es hoy más difícil que nunca, especialmente para los jóvenes y las familias trabajadoras.
En el año anterior a la entrada en vigor de la norma se ofertaron 855.518 inmuebles con un precio medio de 906 euros. En 2024, en cambio, sólo salieron al mercado 734.662 viviendas, con precios medios de 1.146 euros. La oferta cae, la demanda se dispara y el coste se ha convertido en una barrera insalvable. Así lo revela un informe del Observatorio del Alquiler elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, al que ha tenido acceso Abc.
Las regiones que han aplicado con mayor fervor la ley —Cataluña y el País Vasco— sufren hoy las consecuencias más dramáticas. En Vizcaya, la oferta se ha desplomado más de un 55% desde 2022, mientras que las rentas se han disparado de 1.003 a 1.289 euros. En Barcelona, la situación es aún más grave: se han perdido 28.000 pisos en dos años y los precios han subido de 1.302 a 1.649 euros. La demanda se ha desbordado: por cada piso publicado hay hasta 341 interesados.
Los efectos colaterales de la ley son evidentes. Muchos propietarios han optado por sacar sus inmuebles del alquiler tradicional y pasarlos al temporal, no sujeto a la normativa. En Barcelona, el 52% de los anuncios ya pertenecen a este segmento. También se han disparado las viviendas vacías: del 1,2% del parque total en 2019 al 9,3% actual, según datos del INE y el propio ayuntamiento.
Incluso en regiones no intervenidas, como Madrid, la inseguridad jurídica provocada por la norma ha reducido la oferta y elevado los precios. En la capital, el número de viviendas en alquiler cayó de 176.206 en 2022 a 149.928 en 2024, y los precios se han incrementado un 27%, hasta alcanzar los 1.558 euros mensuales.
En Baleares, las rentas se han disparado aún más: un 27%, hasta los 1.641 euros. En Canarias, el alza es del 36%. Y en Valencia, ya se supera la barrera de los 1.000 euros. Málaga, pese a ser la única gran ciudad que ha ganado oferta, también ha visto cómo los precios se han disparado un 40%.
La ley de Vivienda, lejos de solucionar el problema, ha roto el mercado. Ha expulsado viviendas del alquiler, ha empobrecido la oferta disponible y ha hecho inalcanzable el acceso a un hogar para miles de ciudadanos. Una vez más, la ideología intervencionista ha chocado con la realidad.
