El Consejo de Ministros ha aprobado un impuesto mínimo del 15% para las grandes empresas, es decir, aquellas con una facturación superior a 750 millones de euros. Esta medida, acordada por 138 países de la OCDE, se implementa solo una semana después de que Bruselas amenazara con llevar a España ante la justicia europea por no aplicar este gravamen.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el objetivo es evitar que las empresas trasladen sus beneficios a territorios con baja o nula tributación, «causando así un perjuicio en los ingresos de los Estados miembro y generando una situación en espiral».
Montero ha continuado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, afirmando que se busca avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo y, de ser posible, armonizado, basado en la premisa de que quienes más ganan deben contribuir más a la sociedad. La medida iniciará ahora su trámite parlamentario donde el Gobierno espera que «pueda tener un amplio apoyo a los que pesamos que es necesario un sistema fiscal más justo».
«Es un día, por tanto, para felicitarnos los que creemos en la justicia fiscal como base para el desarrollo de la justicia social y el Estado del bienestar», ha destacado Montero. También ha mencionado otras medidas en el ámbito empresarial, como los impuestos a las energéticas y a la banca, y ha señalado que «la recaudación de estas subidas a empresas nos ha permitido reducir el IVA en luz, gas y alimentos básicos».
Más de 3.500 millones euros anuales
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha estimado que el impuesto mínimo del 15% para las multinacionales recaudará más de 3.500 millones de euros anuales. Consideran que la transposición de la directiva es un primer paso positivo, aunque la implementación moderada «deja margen de maniobra» para aumentar la tributación al 20% en el futuro.
Asimismo, en un comunicado, Gestha ha instado a que se tramite como proyecto de ley urgente, permitiendo que los plazos corran y que la futura Ley se aplique a las filiales de las multinacionales estadounidenses radicadas en España antes del 30 de septiembre de 2024, fecha en que suele finalizar el año fiscal en Estados Unidos.
