El Gobierno ultima una reforma fiscal en el sector de los carburantes que supondrá una subida del precio del diésel y que, de forma habitual, lo situará por encima del coste de la gasolina en las estaciones de servicio. ¿Cuál es la excusa?: el compromiso adquirido con la Comisión Europea para igualar los impuestos especiales de ambos combustibles, un paso clave, dicen, para desbloquear parte de los fondos europeos Next Generation.
Según estimaciones de expertos del sector, la equiparación fiscal implicaría un incremento de alrededor de 7 céntimos por litro en el gasóleo. Con ello, se superaría el diferencial actual —de unos 5 céntimos de media a favor del diésel—, revirtiendo una tendencia histórica que durante años favoreció su consumo frente a la gasolina.
El diésel fue tradicionalmente más barato en España y condicionó la compra de vehículos de quienes realizaban más kilómetros al año, lo que derivó en una fuerte dieselización del parque móvil. Ese escenario empezó a cambiar en 2018, cuando desde el Ejecutivo se lanzó el mensaje de que el diésel tenía “los días contados”, en línea con una estrategia más amplia de electrificación del transporte. El Gobierno mantiene el objetivo de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, aunque las cifras actuales siguen lejos de ese horizonte.
El Ejecutivo vuelve ahora a trasladar a Bruselas su intención de equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina, una propuesta que ha provocado una reacción inmediata del transporte por carretera, las petroleras y los empresarios de estaciones de servicio.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha cuantificado el impacto de la medida: con el diésel en torno a 1,42 euros por litro, llenar un depósito de 1.000 litros cuesta actualmente unos 1.420 euros. Con la subida fiscal, el coste superaría los 1.530 euros, es decir, unos 113 euros más por repostaje. Para un sector con márgenes estrechos y con el combustible como principal coste operativo, el encarecimiento —cercano al 8% en el precio final— pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas y autónomos.
Desde la patronal advierten además de un efecto arrastre sobre el conjunto de la economía. El aumento del coste del combustible se trasladaría a los precios de alimentos, bienes y servicios, con un impacto inflacionario. También alertan de una posible pérdida de actividad en zonas fronterizas y puntos logísticos si las flotas extranjeras dejan de repostar en España ante la pérdida de competitividad.
El malestar del sector se ve agravado por la falta de alternativas tecnológicas viables para el transporte pesado. La CETM denuncia que la equiparación fiscal se plantea sin un plan de acompañamiento creíble, en un contexto en el que los camiones siguen dependiendo casi en exclusiva del diésel y las soluciones de descarbonización no están aún maduras ni desplegadas a gran escala.
Desde el Gobierno, el argumento es el cumplimiento de los compromisos europeos. Bruselas considera la equiparación fiscal un hito pendiente de la reforma fiscal “verde” incluida en el Plan de Recuperación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado ese compromiso y ha vinculado su aplicación a los plazos pactados con la Comisión, que ya ajustó desembolsos en 2025 por el retraso en esta y otras reformas.
