El absentismo laboral continúa aumentando la presión sobre las empresas españolas. Aunque el número de nuevas bajas por incapacidad temporal (IT) descendió durante los cinco primeros meses de 2026, la duración media de los procesos se ha disparado un 20,07% respecto al mismo periodo del año anterior y ha elevado el coste directo para las compañías por encima de los 4.000 millones de euros.
Según los últimos datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), entre enero y mayo se iniciaron 232.312 procesos menos de incapacidad temporal, un descenso interanual del 8,33%. Sin embargo, las bajas duran cada vez más: la media ha pasado de 42,78 días en los cinco primeros meses de 2025 a 51,37 días en el mismo periodo de 2026, 8,59 días más por proceso finalizado.
Este incremento ha disparado un 7,09% el gasto de las mutuas en prestaciones por incapacidad temporal, hasta superar los 4.900 millones de euros. Son 325 millones más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.
La factura también aumenta directamente para las empresas. El coste estimado por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que incluye prestaciones, cotizaciones, complementos y mejoras, ha crecido un 8,45%, casi 319 millones de euros más, hasta alcanzar los 4.093 millones.
Los datos del Régimen General muestran la misma tendencia. El gasto en prestaciones por incapacidad temporal aumentó casi un 9% hasta mayo, al pasar de 3.994 millones de euros en 2025 a 4.345 millones este año.
La evolución es diferente entre los autónomos. En su caso, el gasto se ha reducido un 4,27%, hasta situarse en 564 millones de euros. El índice de bajas entre los asalariados es, además, 4,5 veces superior al registrado entre los trabajadores por cuenta propia.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha señalado que el índice de bajas entre los autónomos se sitúa en el 0,9%, frente al 4,4% de los asalariados, pese a que ambos colectivos utilizan el mismo sistema sanitario y soportan las mismas listas de espera.
«La salud de todos, trabajadores y autónomos, es lo primero y primordial, pero estos datos son para una reflexión sosegada», ha afirmado Amor.
Más de 148.000 trabajadores acumulan bajas superiores a un año
El problema se agrava por el aumento de los procesos de larga duración. En mayo había 833.439 bajas en vigor, 32.589 más que un año antes, lo que representa un incremento del 4,07%.
Especialmente significativo es el crecimiento de las bajas superiores a 365 días. En mayo de 2025 había 140.205 procesos de estas características, mientras que un año después la cifra ha aumentado hasta los 148.678, un 6% más.
La tendencia comenzó a agravarse tras la pandemia. Hasta 2019, las bajas superiores a un año se habían mantenido relativamente estables. Después de varios descensos entre 2021 y la primera mitad de 2022, los procesos de larga duración volvieron a crecer hasta cerrar 2025 con 155.203 casos.
El incremento es todavía mayor entre las bajas más prolongadas. Los procesos superiores a 735 días han aumentado un 58,42% en las contingencias comunes y un 38,07% en las profesionales.
El Consejo General de Graduados Sociales considera que el problema ha dejado de ser coyuntural y se ha convertido en estructural. Entre las principales causas señala el envejecimiento de la población, la prolongación de la vida laboral y el retraso de la jubilación efectiva.
El coste del absentismo se dispara de 14.000 a 33.000 millones
Las organizaciones empresariales llevan meses alertando del impacto de esta situación. CEOE y Cepyme cifran ya en más de 33.000 millones de euros anuales el coste empresarial del absentismo laboral.
La evolución durante los últimos años muestra la magnitud del problema. En 2018, unas 450.000 personas no acudían diariamente a su puesto de trabajo. En 2025, la cifra se acercó a los 1,6 millones.
Además, el 50% de las bajas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores. En el mismo periodo, el coste para las empresas ha pasado de 14.000 millones de euros anuales a más de 33.000 millones.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha advertido de esta concentración y ha señalado que una cuarta parte de las personas de baja acumula más de la mitad de los procesos.
El organismo ha propuesto adelantar la intervención del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para evitar la prolongación de determinados procesos. Actualmente, el INSS no interviene hasta que la baja alcanza un año de duración.
Dos años de negociación sin una solución
La mesa de diálogo social lleva abierta más de dos años sin que el Gobierno, los sindicatos y la patronal hayan alcanzado un acuerdo para frenar el crecimiento de las bajas laborales.
Las empresas reclaman, entre otras medidas, una mayor participación de las mutuas para reducir las listas de espera, que la Seguridad Social asuma el pago de prestaciones y cotizaciones desde el cuarto día de baja y la exoneración de las cotizaciones correspondientes a los contratos temporales de sustitución.
También piden reforzar la lucha contra el fraude y vincular al nivel de absentismo los complementos establecidos en algunos convenios colectivos que elevan la prestación por incapacidad temporal hasta el 100% del salario.
Los sindicatos rechazan que las medidas pasen por penalizar a los trabajadores y defienden cambios en la organización del trabajo, la prevención de riesgos y el tratamiento de determinadas patologías.
Mientras el diálogo social continúa bloqueado, las cifras siguen aumentando. La duración de las bajas, los procesos superiores a un año y la factura soportada por las empresas mantienen una tendencia ascendente que las patronales consideran difícilmente sostenible, especialmente para las pequeñas y medianas compañías.
