El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue cosechando reveses judiciales en el extranjero. La Corte de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha ratificado un nuevo fallo contra el Estado español por los recortes retroactivos a las energías renovables, elevando la factura global a cifras históricas.
Según informa Vozpópuli, El tribunal norteamericano ha confirmado el laudo arbitral que obliga a España a pagar 44 millones de euros a la compañía luxemburguesa 9Ren Holding, que había invertido más de 200 millones en ocho plantas fotovoltaicas antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy modificara el régimen retributivo del sector.
Con esta resolución, España encadena ocho derrotas judiciales consecutivas en Estados Unidos, sumando casi 700 millones de euros en indemnizaciones a fondos y empresas internacionales. Entre las compañías beneficiadas por las sentencias figuran Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones), además de la ya citada 9Ren Holding.
A nivel global, el Estado español acumula una deuda total de 1.754 millones de euros con 27 empresas, que denunciaron al Gobierno por retirar de manera retroactiva los incentivos y primas que se habían comprometido a pagar a los inversores en energías verdes. Si se suman los intereses de demora, costas judiciales y otros gastos legales, la cifra asciende ya a más de 2.100 millones de euros, una carga que recae directamente sobre los contribuyentes españoles.
La oleada de condenas internacionales ha reactivado las alarmas en el Ministerio de Economía, que teme nuevos embargos de activos del Estado en el extranjero. De hecho, tribunales de Reino Unido, Bélgica y Australia ya han autorizado el embargo de bienes públicos españoles para garantizar el pago de las compensaciones.
Los fallos judiciales llegan en un contexto especialmente delicado para el Ejecutivo, que enfrenta una creciente presión internacional y política por su gestión del sector energético. En Washington, la Administración Trump ha seguido de cerca estos casos como ejemplo del «desastre regulatorio» europeo, mientras que en Bruselas crecen las críticas por la inseguridad jurídica que España proyecta hacia los inversores extranjeros.
Pese a las advertencias, el Gobierno de Sánchez se ha negado a reconocer oficialmente las deudas derivadas de estos laudos, alegando que las sentencias internacionales «no tienen efecto automático». Sin embargo, las empresas afectadas reclaman ya un acuerdo negociado, similar al que el pasado julio permitió cerrar la disputa con la japonesa JGC, y advierten que España corre el riesgo de convertirse en el país más sancionado del mundo por incumplir sus compromisos en materia de renovables.
