No es Blackstone. No es un fondo buitre. Es el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así resumen los afectados el desalojo ordenado por la Tesorería de la Seguridad Social contra 29 familias que han vivido de alquiler durante casi dos décadas en pisos públicos. Familias trabajadoras que pagaban cada mes entre 900 y 1.200 euros por sus viviendas, y que ahora se ven abocadas a abandonarlas tras recibir una carta certificada con un mensaje demoledor: el Estado da por finalizado el contrato y quiere recuperar el inmueble.
«El que nos echa a la calle es el Ejecutivo de Pedro Sánchez», denuncia Máximo Peña, portavoz de la Plataforma de Familias Desahuciadas por la Seguridad Social a El Mundo, que recuerda que han cumplido puntualmente con sus obligaciones. El drama se agravó en abril de 2024, cuando comenzaron a llegar las misivas de desahucio a familias que llevaban desde 2006 ocupando legalmente esas viviendas. El casero no es una promotora: es el propio Gobierno.
El escándalo es doble: primero, por la situación de indefensión de quienes se quedan sin hogar; segundo, por el origen de estos pisos, nacidos de una de las medidas estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien en 2005 creó la Sociedad Pública del Alquiler para facilitar viviendas a jóvenes y familias en barrios como Lavapiés, Argüelles, Ventas o Pacífico. Hoy, es otro Gobierno socialista el que liquida esa política.
Los inquilinos acusan directamente al Ejecutivo de fomentar la especulación inmobiliaria. Cuando estas casas salen a subasta, denuncian, quedan en manos de promotoras, que las revenden a precios astronómicos o las convierten en alojamientos turísticos. «Nuestros pisos acabarán alimentando esa rueda diabólica que el Gobierno dice combatir», lamenta María Montes.
La Seguridad Social no sólo desahucia, también acumula centenares de pisos vacíos. Según el Tribunal de Cuentas, en 2019 había 4.115 inmuebles, de los cuales 874 estaban completamente vacíos y 179 parcialmente. No sólo eso: el mismo tribunal reprochó al organismo su falta de eficiencia y el elevado coste que supone mantener esas viviendas desocupadas: 143 millones de euros a las arcas públicas.
Los afectados han solicitado sin éxito reuniones con responsables del Gobierno. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones justifica los desalojos alegando que los contratos firmados con la Sociedad Pública del Alquiler están vencidos y que la única alternativa es vender los inmuebles… a precios de mercado que oscilan entre 500.000 y un millón de euros.
Los contratos se firmaron con una duración inicial de un año, prorrogable cinco. Pero en 2012, tras el final del periodo obligatorio, comenzaron las presiones: subidas de entre el 19% y el 30% forzaron la salida de muchas familias. En 2013, la Tesorería se hizo con la titularidad y fue actualizando las rentas anualmente, hasta la ruptura definitiva este 2024.
De los 20 pisos que había ocupados en Lavapiés, sólo quedan tres. Los demás están cerrados y abandonados. La ironía es que los únicos pisos que se están enajenando son los que sí están generando ingresos al Estado, no los que están vacíos.
«Cuando vas a perder tu vivienda, pierdes tu vida», concluyen los afectados, que ven cómo un Gobierno que predica vivienda social desahucia sin alternativa a ciudadanos cumplidores. Una política que no se diferencia en nada de la que ejercen los fondos buitre, salvo en una cosa: el desahucio ahora lo firma el Estado.
