El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de «una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado». Sin embargo, durante el último año, el Ejecutivo no ha construido ni un 1% de las 180.000 hogares prometidos, creando únicamente 244 viviendas sociales.
Pese a ello, y teniendo en cuenta que la vivienda se ha convertido en el tercer problema más importante para los españoles según lo señalado en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 41º Congreso Federal del PSOE se ha centrado en lanzar más promesas a los españoles y exaltar la gestión del Gobierno respecto a la vivienda.
En la batería de medidas presentada por la dirección del PSOE, aseguran que «hemos multiplicado por ocho el presupuesto destinado a la vivienda». Aunque las cifras son correctas, el informe económico y financiero de los Presupuestos Generales del Estado deja en evidencia que el 71,3% del presupuestos para vivienda procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Además, pese a todo el presupuesto, el precio de la vivienda se ha multiplicado en los últimos años, mostrando su alza más agresiva desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa en 2018. En específico, el precio ha escalado a 2.176 euros por metro cuadrado, un incremento del 24% desde que asumió el cargo.
En el caso de los jóvenes el problema es mayor, por lo que Sánchez ha querido ponerse la medalla hablando del bono joven de alquiler. No obstante, esta subvención directa ha tenido el efecto contrario y ha provocado que los caseros tengan la oportunidad de aumentar las rentas, anulando el beneficio inicial del bono. Asimismo, se ha convertido en una transferencia directa de recursos a los caseros, quienes reciben el dinero adicional de los fondos públicos sin mejorar la calidad de sus propiedades.
El plan Sánchez 2030: un nuevo impuesto a los propietarios
Tras destacar todas sus medidas en los últimos años, Sánchez ha presentado un nuevo impuesto especial a los propietarios a partir de la tercera vivienda y la intención de aumentar la carga fiscal a los propietarios que hagan uso no residencial del hogar. De esta manera, el Ejecutivo pretende «desincentivar la especulación y poner coto a la vivienda turística y otros usos» que ellos consideran «fraudulentos».
Sin embargo, en la batería de medidas han querido destacar y facilitar el acceso de la «población racializada y las mujeres» a servicios básicos como la vivienda, sanidad y educación. Unas medidas propuestas mientras se incrementa la carga fiscal a los propietarios y los inquilinos destinan cerca del 40% de sus ingresos a pagar la renta o no pueden acceder a una vivienda digna.
Finalmente, respecto a la «gran empresa pública de vivienda», una de las soluciones se centra en torno a la construcción modular «para reducir los tiempos de construcción y mejorar el control de calidad y la sostenibilidad de las viviendas». Además, Sánchez quiere «enviar» el trabajo a Bruselas y presentar una reforma legislativa para que los fondos de cohesión y las ayudas financien la construcción de vivienda pública.
Frente a las políticas buenistas y las falsas promesas del Gobierno, la realidad es muy diferente. Los resultados de sus últimas políticas han provocado que el precio de la vivienda este en máximos históricos, los alquileres sean más caros que nunca y que 8 de cada 10 jóvenes sigan viviendo en el hogar familiar.
