Lo público funciona mal y basta con acercarse a una oficina de la Administración, sea un tribunal o un consultorio médico (eso sí, con cita previa), para comprobarlo. Incluso la recogida de basuras ha empeorado, aunque los ayuntamientos cobran una nueva tasa por ella. Sin embargo, el Estado recauda dinero como nunca. Este año, Hacienda puede superar los 325.000 millones de ingresos fiscales. La cifra definitiva la conoceremos ya a mediados de enero de 2026.

Por ahora, en los once meses completos de 2025, la Agencia Tributaria ha recaudado 301.355 millones, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a una sobrerrecaudación de 27.362 millones.

En 2018, con los últimos Presupuestos Generales del Estado elaborados por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), la recaudación superó por primera vez los 200.000 millones: 208.685 millones. En sólo siete ejercicios, Hacienda va a aumentar la recaudación en un 50%. Si retrocedemos un poco, las cifras resultan más impresionantes. En 2015, la recaudación fiscal fue de 181.965,28 millones de euros. Es decir, en una década, el ingreso de Hacienda ha subido el 78%.

¿Y han aumentado los servicios públicos o la riqueza en una proporción similar? El PIB es un indicador poco fiable, pues quien fuera vicepresidenta económica de Pedro Sánchez, Nadia Calviño, ha reconocido que colaboró con el Instituto Nacional de Estadística a elevarlo de manera fraudulenta, después de sustituir al director de este organismo por otro dúctil a Moncloa. Aun así, entre 2015 y 2025 el PIB ha crecido un 50%. La misma pregunta nos podemos hacer: ¿dónde está esa riqueza?, ¿en el precio de la vivienda, que ha pasado de menos de 1.500 euros el metro cuadrado a más de 2.100 a finales del tercer trimestre de 2025?, ¿en los salarios, que sólo han crecido un 2,7% en los últimos treinta años?

Otro factor que no para de agrandarse es la población: de 46,44 millones de personas en 2015 a 49,44 millones el 30 de septiembre de 2025. Más población supone más PIB, aunque los nuevos habitantes no trabajen. aunque abonan impuestos como el IVA al comprar comida, también reclaman servicios públicos y alojamiento.

Si España es el país de la UE con mayor tasa de paro general y de tasa juvenil, si el PIB no ha subido al mismo ritmo que la recaudación, ¿a qué se debe entonces ese aumento de los ingresos fiscales? La respuesta es sencilla: a la subida de los impuestos, aunque la ministra María Jesús Montero afirmó en junio de 2020, durante la pandemia, que el Gobierno de progreso no se los iba a subir “ni a la clase media ni a la clase trabajadora”. ¡Otra mentira del PSOE!

El IRPF inflacionista, atraco a las clases medias

Dejando aparte los tributos que corresponden a los ayuntamientos y las comunidades autónomas (la Generalidad catalana dispone de quince impuestos propios, mediante los que recaudó casi 900 millones de euros en 2023), el año 2025 comenzó con el aumento de nueve impuestos nacionales, con los que el Gobierno pretendía obtener alrededor de 4.500 millones más: el nuevo impuesto a la banca; la reforma del IVA de los hidrocarburos para evitar el fraude de las grandes petroleras; la supresión de determinadas deducciones en el Impuesto de Sociedades; aumento de dos puntos en el IRPF a las rentas del capital superiores a 300.000 euros; la recuperación del IVA al 4% para los alimentos básicos; la recuperación del 21% de IVA para la electricidad; etc.

Pero la mayor subida impositiva de los últimos años no se ha publicado en el BOE, sino que se ha realizado de manera encubierta. Es la progresividad en frío, que consiste en que Hacienda no adapta a la inflación las tarifas fiscales y los límites monetarios. Desde 2015, sólo tres ejercicios han acabado con deflación, es decir, con descenso de precios; en los demás, la inflación ha sido positiva (en 2022, un 8,39%; en 2023, un 3,53%; y en 2024, un 2,9%).

El primero en deflactar la tarifa del IRPF fue el gobierno de José María Aznar en 1998, pero desde 2015, con otro popular en Moncloa, Mariano Rajoy, no se ha deflactado, aunque en junio pasado la mayoría en el Congreso formada por PP, VOX y Junts se lo reclamó a Sánchez. En muchos países de la UE, la deflactación es un derecho de los contribuyentes y se efectúa de manera automática, al estar incluida en una ley.

Según la fundación Funcas, la negativa del gobierno socialista a adecuar el IRPF, el impuesto que más dinero aporta a Hacienda (alrededor de 135.000 millones este año, por encima del IVA que quedará por debajo de los 100.000 millones) y el que abona la clase media, benefició la recaudación en 9.750 millones de euros entre 2021 y 2024. El efecto fue más duro para las rentas medias, que soportaron un sobreesfuerzo fiscal medio de 458 euros por declarante. Para las rentas medias bajas, fue de 311 euros; y de 622 euros, en las medias altas. Si se añade el efecto del IVA, el coste fiscal acumulado para un hogar medio ronda los 1.100 euros.

Otra actividad de la que se lucra Hacienda es el encarecimiento de la vivienda. Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos difundido en marzo de 2025, la vivienda proporciona a las Administraciones una recaudación cercana a los 52.200 millones de euros anualmente, lo que representa un 3,5% del PIB y un 18% de la recaudación tributaria total. Hacienda obtiene por el IVA de la vivienda 11.000 millones; por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, 8.000 millones; por el IRPF asociado, 6.500 millones; etc. Los municipios reciben 14.000 millones por el IBI y 2.000 millones más por la plusvalía.

El primer interesado en que no baje el precio de la vivienda es el vendedor. El segundo es la Administración. En este rubro, como en el IRPF, las diversas Haciendas se oponen a rebajar la fiscalidad para no perder recursos y mantener su gasto.

Subidas a pensionistas y funcionarios

“Tus impuestos son para sanidad y educación” es el mantra que repite el aparato de propaganda del Gobierno socialista. La realidad es que el dinero público se destina, en primer lugar, a abonar las pensiones públicas. Este año, se calcula que la Seguridad Social abonará más de 215.000 millones. Y como los ingresos por cotizaciones laborales no cubren las salidas, el Estado tiene que transferir 50.000 millones de euros a la Seguridad Social y, además, subirá un nuevo impuesto en las nóminas.

El desembolso en Sanidad y Educación, que están cedidas a las comunidades autónomas, ronda la tercera parte del destinado a pensiones. Otras enormes partidas de los Presupuestos Generales, prorrogados por tercer año consecutivo, son los sueldos de los funcionarios y el pago de la deuda pública, que rebasa el 100% del PIB anual. La atención a las avalanchas migratorias suponen para el Ministerio de Seguridad Social 750 millones al año.

En vez de practicar la prudencia y la contención, Sánchez se ha lanzado a una orgía de endeudamiento que tiene por finalidad la compra de votos. El Gobierno ha firmado un acuerdo para incrementar en el sueldo de los funcionarios un 11,4% entre 2025 y 2028. Las pensiones contributivas y de clases pasivas del Estadosubirán un 2,8% en 2025; mientras que las mínimas aumentarán cerca de un 6%, y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 9%.

Por estos motivos, más otros como los recates a empresas amigas estilo Plus Ultra, la ayuda oficial al desarrollo, o los puntos violeta, el PSOE y sus socios no pueden bajar ni un solo impuesto. El escudo social del que tanto presume la izquierda consiste en tapar a unos con lo que se quita a otros, que no sólo es dinero, sino, en ocasiones, una casa, ya que también se prorrogan las limitaciones a los desahucios de los morosos y los okupas.