La mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta ha tumbado definitivamente los objetivos de déficit. «El Senado cierra las puertas al abuso de poder y se pone al lado de los españoles diciendo no, por segunda vez, al objetivo de estabilidad». Así se ha pronunciado la senadora Eva Ortiz Vilella. Su partido volvía a rechazar los objetivos de déficit del Ministerio de Hacienda que encabeza María Jesús Montero.
La senda fiscal y el Plan de Reequilibrio para el periodo 2024-2026, han contado con 146 votos en contra, 115 votos a favor y cero abstenciones.
El pasado 7 de febrero el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó el déficit permitido para este período. Así forzó a Montero a reiniciar el trámite según establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Consejo de Ministros tuvo que aprobar de nuevo el 13 de febrero la senda de déficit. Tras volver a presentarse los mismos objetivos, esta senda ha decaído definitivamente.
Y es que, independientemente del resultado de la votación de este miércoles, la tramitación de los Presupuestos seguirá su curso. El proyecto podrá ser aprobado por el Consejo de Ministros, una vez recabados los apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso.
De hecho, Montero ha confirmado este miércoles que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 pese al veto del PP. Después ha cargado contra los populares afirmando que «se les va a hacer esta legislatura muy larga».
La intención de Hacienda es aprobar la Ley de PGE para 2024 antes de junio. Ya tendría listo el límite de gasto no financiero, de 199.120 millones de euros. Esto es un 0,5% más que en el ejercicio anterior.
Cabe recordar que el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Sí deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
Ahora que se han rechazado los objetivos planteados por el Gobierno, Montero, ha avisado de que la nueva senda será la remitida a la Comisión Europea en abril. Se traducirá en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
Esa senda fija que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situará en el 3% en 2024; en el 2,7% en 2025; y se reducirá al 2,5% en 2026.
En el ámbito territorial, los objetivos que se aplicarán fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas —frente al déficit del 0,1% rechazado—. También un superávit del 0,2% para los ayuntamientos. Aunque supondrá dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
Hacienda cuenta con un informe de la Abogacía del Estado, sustentado en el artículo 135 de la Constitución, que permitiría la tramitación presupuestaria con esa senda remitida a Bruselas en abril, según asegura el Gobierno.
El Partido Popular ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra que le asegura la tramitación de las cuentas. Fuentes del Departamento que dirige Montero aseguran que este informe se conocerá próximamente.
