La ofensiva contra las viviendas turísticas no ha logrado aumentar el parque de alquiler habitual. Al contrario: la oferta de alquiler permanente se redujo en 25.836 viviendas en 2025, según un estudio de Idealista.
Todo ello pese a que más de 84.000 inmuebles perdieron o no obtuvieron el registro obligatorio para operar en el mercado de alquiler de corta duración. La promesa era clara: limitar el turismo para liberar vivienda. El resultado, exactamente el contrario.
Los datos desmontan así uno de los pilares del discurso intervencionista. Lejos de pasar al alquiler de larga duración, los propietarios han optado por alternativas menos reguladas: alquiler de temporada, venta de los inmuebles o, directamente, mantenerlos vacíos.
El fenómeno más evidente es el auge del alquiler temporal, que creció en más de 58.000 viviendas en sólo un año, convirtiéndose en el refugio natural de quienes buscan escapar de la creciente inseguridad jurídica.
Las regiones con mayor incremento en este tipo de arrendamiento fueron Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, precisamente algunas de las más castigadas por las restricciones.
Mientras tanto, el alquiler permanente apenas crece —y sólo de forma testimonial— en cuatro territorios. En el resto, la caída es clara. Cataluña encabeza el desplome con más de 15.000 viviendas menos, seguida de Andalucía, que también registra pérdidas pese a haber sido la comunidad con más licencias turísticas revocadas. El mensaje es contundente: más regulación no significa más vivienda disponible.
El denominado Registro Único, en vigor desde julio, ha tramitado más de 400.000 solicitudes, con decenas de miles de rechazos por falta de licencias, oposición vecinal o incumplimientos normativos. Sin embargo, este endurecimiento no ha servido para aliviar el acceso a la vivienda. Al contrario, ha incentivado la retirada de oferta del mercado tradicional.
