El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cumple cinco años desde su puesta en marcha, pero persisten varios problemas que dificultan su pleno alcance y efectividad. A finales de 2024, sólo el 42% de los hogares potencialmente beneficiarios recibían esta prestación: 392.444 de los 939.303 hogares que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), podrían acceder a ella.
Además, las revisiones anuales realizadas por la Seguridad Social han evidenciado errores en la concesión inicial del IMV, lo que ha obligado a miles de familias a devolver total o parcialmente las cantidades percibidas. En 2024, un 12% de los beneficiarios tuvieron que afrontar estas devoluciones, manteniéndose así una cifra similar a la registrada en 2022.
No obstante, en su último informe, la AIReF ha advertido que el IMV reduce la probabilidad de trabajar en un 12% y el número de días trabajados en un 11%. Este efecto es aún más pronunciado en hogares monoparentales, con ingresos elevados y beneficiarios menores de 30 años, donde ambas cifras caen más de un 20%.
En este contexto, a pesar de la introducción en enero de 2023 de un incentivo al empleo vinculado al IMV, el impacto negativo sobre la oferta laboral no se ha corregido. Según la AIReF, dicho incentivo alcanza sólo al 30% de los beneficiarios. Por ello, la AIReF ha abogado porque cualquier nuevo esquema de incentivos para el IMV tome como referencia datos más actuales, como las bases de cotización del trimestre anterior, y garantice una duración estable que fomente la reincorporación o la ampliación de la actividad laboral.
