España ya es el país más moroso del mundo por delante de Venezuela. El país iberoamericano y el nuestro compartían hasta hace poco un incómodo récord: encabezaban la lista mundial de morosidad con los inversores internacionales. Sin embargo, la intensa lucha que mantienen empresas y fondos de energías renovables ha situado a España en el primer puesto.
Este hecho se desprende de la actualización del Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales, elaborado por el jurista y académico holandés Nikos Lavranos. Está siendo utilizado por los impagados para ejercer presión sobre el Gobierno español y las autoridades europeas. Lavranos y representantes de las empresas afectadas han estado en Madrid esta semana para presentar nuevas cifras. También para ofrecer una mano tendida al Ejecutivo con el fin de encontrar una solución negociada. Ya se han producido contactos preliminares con el entorno de Moncloa y con la oposición.
El ascenso de España en la lista de morosos es consecuencia del constante flujo de condenas por impagos a empresas de energías renovables. Se llevan luchando años en los tribunales de arbitraje por los cambios legislativos introducidos por Mariano Rajoy. España representa el 26% de los incumplimientos a nivel mundial, superando a Venezuela, que tiene el 25%. Rusia sigue con el 15%. En total, el Gobierno español enfrenta 50 denuncias de inversores internacionales.
En la última evaluación de 2023, España y Venezuela sumaban 15 condenas. Actualmente, España ha alcanzado las 26 condenas. Algunas de estas todavía no están completamente cerradas, ya que han sido recurridas por los abogados del Estado. No obstante, fuentes cercanas a los afectados anticipan nuevas victorias, basándose en el historial de casos anteriores. Estas condenas ampliarán aún más la diferencia entre España y Venezuela.
Venezuela, sin embargo, sigue superando a España en términos de deuda acumulada. Según este criterio, Rusia lidera con 60.000 millones, seguida por Venezuela con 7.100 millones. España debe 1.562 millones. A esta cifra deben sumarse otros conceptos como intereses de demora, condenas en costas y honorarios de abogados. Solo en estos tres conceptos se estima que España gastará uno 250 millones adicionales, elevando la suma total a alrededor de 1.900 millones de euros
