Estados Unidos estudia embargar bienes de España, algo que ya hizo el pasado año reino Unido. La confiscación norteamericana será a raíz de los impagos a las renovables. Los otros países a los que Estados Unidos embarga además de España, son la Venezuela de Nicolás Maduro y la Rusia de Vladimir Putin. Maduro está selañado y sancionado por impedir la celebración de elecciones libres. Putin por la invasión de Ucrania.
España, además, enfrenta pérdidas de más de 1.636 millones de euros por laudos internacionales basados en el Tratado de la Carta de la Energía. Éste sirvió de base legal a los inversores extranjeros para denunciar al país por las primas a las energías renovables aprobadas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además del procedimiento del Gobierno de Joe Biden que iguala a España con Venezuela, se han iniciado otros 52 arbitrajes bajo el Tratado de la Carta de la Energía contra España. De ese total, se han ganado 14 en fase de arbitraje o anulación. Otros 25 sólo están parcialmente estimados y otros 13 pendientes resolución.
El Gobierno explica que la cantidad total que ha sido reclamada a España amparándose en el Tratado asciende a más de 10.640 millones de euros.
En esa cifra se enmarcan los 1.636,45 millones de euros que están pendientes de laudo. De su lado, hay otros 7.561,64 millones de euros que han sido ganados o ahorrados por España en procedimientos arbitrales. Esto representa un 84% de la cantidad que estaba en litigio, según el Ejecutivo.
Estos laudos y sus consecuencias económicas han sido una de las principales motivaciones que han hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez haya solicitado la salida del Tratado de Lisboa (1994). En él están varios Estados miembros de la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).
La petición de salida se formalizó mediante una del Gobierno aprobada por el Congreso. El PP presentó en un primer momento una enmienda a la totalidad, que no prosperó, para demorar la salida en coordinación con Europa.
Otros países del entorno europeo, como Francia o Alemania, también piden la salida de este acuerdo multilateral para no adaptarse a los objetivos actuales para la transición energética.
