La Justicia de Estados Unidos investiga a España por los impagos de los laudos del CIADI, condenando nuestro país a la retirada retroactiva de las primas renovables. Según han anunciado, el caso está en manos de cuatro magistradas que han evaluado las denuncias interpuestos por compañías como NextEra, 9REN, Blasket Renewable Investments y Antin, por un montante cercano a los 500 millones de euros.
La justicia estadounidense considera prioritario resolver el caso de NextEra, al que el CIADI ha reconocido una indemnización de más de 300 millones. Considera que es la mejor fórmula para abordar el resto de procedimientos pendientes. En estos momentos existen otros tres procedimientos abiertos en el país norteamericano, que ya se ha mostrado partidario de embargar activos españoles si España sigue negándose a abonar los laudos.
En ese caso seguiría la senda de Reino Unido y Australia, que ya han abierto la puerta a embargar activos españoles para contrarrestar los impagos. Entre esos bienes que podrían ser confiscados se encuentran la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a Cataluña, cuentas bancarias y los activos de Navantia en Oceanía.
Diversas empresas aseguran que «si España quiere financiar la transición energética, debe despejar primero la inseguridad jurídica y la sombra de sospecha que ha extendido esta situación. Para lograrlo, debe sentarse a hablar con sus acreedores, respetar las indemnizaciones recogidas en las sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que permita zanjar el asunto y evitar daños mayores».
