El sistema de incentivos de la Agencia Tributaria vuelve a situarse en el centro de la polémica tras un informe que denuncia su falta de transparencia y su posible impacto en el comportamiento de los inspectores. Los expertos Robert Amsterdam y Chris Wales han llegado a afirmar que Hacienda actúa «como si fuera una mafia», en referencia al diseño y funcionamiento de estos bonus.
Ambos participaron este martes en un encuentro en Madrid en el que reclamaron la supresión del actual modelo y plantearon una reforma estructural del organismo. El abogado Chris Wales advirtió de que no se trata de un problema fiscal, sino de funcionamiento institucional: «Urgimos a los españoles a exigir cambios estructurales. No es un problema de tipo impositivo, sino de estructura, de extorsión y de comportamiento mafioso».
En la misma línea, el abogado Robert Amsterdam aseguró que los inspectores reciben «parte de lo que han conseguido incautar», algo que calificó de ilegal. «Una vez el Gobierno te atrapa, estás obligado a pagar la sanción antes de litigar; cuanto más famoso eres, mayor es el ataque de Hacienda; y, después de reconocer la extorsión, intenta ofrecer descuentos para llegar a acuerdos», sostuvo.
El informe en el que se basan estas críticas analiza el denominado «complemento de productividad«, una retribución variable que superó los 282 millones de euros en 2024, según las cuentas del organismo. De esa cantidad, aproximadamente el 70 % se distribuye entre los cerca de 26.000 empleados de la Agencia, mientras que el 30 % restante se destina al cuerpo de inspectores, formado por unos 2.500 efectivos.
Según los cálculos recogidos en el documento, un inspector medio podría percibir alrededor de 30.000 euros anuales procedentes del fondo específico y más de 6.000 euros adicionales del fondo general. Sin embargo, los autores denuncian la falta de ejemplos concretos por parte de la Agencia que permitan verificar estos datos.
El sistema se articula mediante un mecanismo de puntuación que evalúa el rendimiento de unidades, equipos e individuos. Estas valoraciones determinan el reparto de las primas en un esquema descrito como «competitivo y de suma cero», en el que lo que gana un funcionario lo pierde otro. Además, interviene un coeficiente global —que puede oscilar entre 0 y 2,5— aplicado por los inspectores regionales, lo que, según el informe, otorga a los mandos intermedios un amplio margen de discrecionalidad.
Otro de los aspectos señalados es la falta de claridad en los criterios de evaluación. Factores como la dedicación, la calidad del trabajo o la cooperación carecen de indicadores verificables o ponderaciones definidas, lo que dificulta comprender cómo se asignan realmente las primas.
El documento también advierte de un vínculo indirecto entre la recaudación total y el volumen de incentivos. Aunque la Agencia sostiene que el bonus no depende del resultado de cada inspección, el fondo global aumenta cuando lo hace la recaudación, lo que introduce un incentivo sistémico.
Por último, los autores cuestionan la ausencia de una auditoría externa independiente que revise este sistema, pese a su elevado volumen económico. A su juicio, esta falta de control refuerza las dudas sobre la transparencia y el funcionamiento de un modelo que afecta directamente a la actuación de los inspectores y a la relación entre la Administración y los contribuyentes.
