La presión fiscal sobre las rentas de los hogares en España se ha disparado desde la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2018. El tipo medio efectivo del IRPF ha pasado del 12,5% en 2017 al 15,1% actual, lo que supone un incremento superior al 20% y uno de los niveles más altos de las últimas tres décadas.
Este aumento se produce en un contexto de inflación sostenida que ha reducido el poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, el Gobierno ha optado por no adaptar el impuesto a la subida de precios, lo que ha incrementado de forma automática la carga fiscal sobre los contribuyentes. El resultado es una situación inédita: los españoles ya pagan más impuestos por trabajar que por consumir, ya que el tipo medio del IRPF supera al del IVA.
Los datos reflejan que las retenciones sobre los salarios han pasado del 15,3% al 17,5% en este periodo. En el caso de las pensiones, el salto es aún mayor: del 7,6% al 10,4%, impulsado por la revalorización de las prestaciones, que apenas ha servido para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.
El impacto real puede ser incluso mayor, ya que estas cifras no incluyen los ajustes posteriores en la declaración de la renta, donde Hacienda sigue incrementando la recaudación. Aunque el Ejecutivo atribuye esta evolución a las subidas salariales —que acumulan un alza del 18% desde 2022 según los convenios—, diversos expertos cuestionan esta explicación.
El inspector de Hacienda Francisco de la Torre sostiene que “la amplia mayoría de la subida del tipo efectivo del IRPF es pura inflación y pura subida de impuestos”. A su juicio, se trata “probablemente de la subida de impuestos más importante de la democracia”, ya que solo una tercera parte del incremento se explicaría por mejoras reales en la renta de los hogares.
En la misma línea, el secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (REAF), Rubén Gimeno, advierte de que la falta de actualización del IRPF a la inflación ha tenido un impacto directo en los contribuyentes. Según sus estimaciones, las rentas medias —entre 25.000 y 70.000 euros— pagarán este año entre 250 y 770 euros adicionales por este motivo.
El fenómeno, conocido como “progresividad en frío”, se ha convertido en una fuente creciente de ingresos para las administraciones. De haberse mantenido los tipos efectivos de 2017, el Estado y las comunidades autónomas habrían recaudado unos 25.000 millones de euros menos solo el año pasado. Desde 2018, el impacto acumulado supera los 75.000 millones de euros detraídos a los contribuyentes.
Esta dinámica ha generado un creciente debate político y económico. Mientras algunos sectores justifican el aumento de la recaudación por el contexto internacional y las necesidades fiscales, otros denuncian que el Gobierno ha aprovechado la inflación para elevar la presión fiscal sin aplicar subidas explícitas de impuestos.
El resultado, en cualquier caso, es claro: la mejora salarial de los últimos años apenas se ha traducido en mayor capacidad de compra, mientras Hacienda ha incrementado su peso sobre las rentas del trabajo hasta niveles sin precedentes recientes.
