Un informe elaborado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha alertado sobre los problemas legales entorno al impuesto a las bancas, como también la amenaza para la seguridad jurídica y la inversión. Asimismo, De la Fuente ha calificado la medida como una «multa por razones ideológicas» contra el sector.
En su informe, denuncian que es un impuesto «sobre un sector determinado que, además, recae sobre un indicador de ingresos brutos en lugar de los beneficios, ya gravados por otro impuesto general», pudiendo provocar un riesgo de doble imposición y que incumpla con otros principios constitucionales básicos. En este sentido, De la Fuente destaca en su análisis que se trata de una multa «antipática a la mayoría gubernamental por razones ideológicas».
La institución también llama la atención sobre utilizar una determinada tramitación parlamentaria para hurtar los informes que tendrían que emitir algunos ministerios y otros órganos consultivos. «Un problema importante es de carácter procedimental. Una vez más, se recurre a una vía poco ortodoxa de tramitación para evitar los preceptivos informes que difícilmente podrían evitar plantear objeciones de calado a una propuesta de más que dudosa constitucionalidad», asegura el informe.
Además, en línea con lo que venían denunciando las entidades financieras y las patronales, Fedea destaca que el impuesto podría tener efectos adversos sobre la disponibilidad de crédito, sobre la competitividad del sector bancario y sobre la obra social de las entidades.
