El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en rueda de prensa la última prórroga anual de los denominados como gravámenes a los beneficios extraordinarios del sector financiero y del sector eléctrico. Es decir, el impuesto que nació supuestamente para un periodo concreto, se extenderá en el tiempo solamente para la generación de electricidad con combustibles fósiles.
Según anunció Sánchez, quiere incorporar determinados cambios en los presupuestos generales «para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización». De esta manera, el Gobierno ha anunciado su decisión de convertir este tributo en permanente.
Así, el Gobierno busca imponer un impuesto selectivo, dirigido especialmente a quienes generan electricidad usando combustibles fósiles, como el gas o el carbón. En cambio, aunque el objetivo sea promover las energías renovables, esta no siempre pueden proporcionar electricidad de manera constante y han conllevado a un aumento del consumo de gas natural.
Además, por otro lado, el plan añade también «impulsar un régimen sancionador en la nueva Ley de Consumo Sostenible» para la disuasión de prácticas de propaganda en la que se realiza «greenwashing» de manera engañosa para promover la percepción de que los productos o políticas son respetuosas con el medio ambiente.
