La revalorización del 2,7% de las pensiones ya es un hecho y, como se anticipaba, el principal beneficiado no será el pensionista, sino Hacienda. La actualización aprobada por el Gobierno tiene un efecto inmediato en la recaudación fiscal, que absorberá una parte sustancial del incremento a través del IRPF, diluyendo así el impacto real de la medida sobre los ingresos netos de millones de jubilados.
Los cálculos contrastados entre El Debate y el Instituto de Estudios Económicos revelan hasta qué punto la subida se evapora antes de llegar al bolsillo. Un pensionista con una pensión media contributiva de 1.630 euros brutos mensuales, que percibe en torno a 1.260 euros netos, verá aumentar su prestación en unos 44 euros al mes. De esa cantidad, cerca de 14,5 euros regresarán directamente a las arcas del Estado por vía fiscal, lo que supone una tributación del 33%.
El resultado anual confirma el patrón. De una mejora estimada de 616 euros al año por pensionista, Hacienda retendrá aproximadamente 203 euros. En términos prácticos, casi un tercio de la subida. En el caso de quienes perciben la pensión máxima, el porcentaje es todavía mayor: el fisco se quedará con alrededor del 37% del incremento aprobado.
La operación resulta especialmente rentable para el Estado. El coste total de la revalorización se sitúa en torno a los 7.000 millones de euros, pero el IEE calcula que cerca de 1.750 millones retornarán a través del aumento de la recaudación por IRPF. Una cifra que deja en evidencia que la subida se financia y se recupera dentro del mismo circuito, sin que Hacienda asuma esfuerzo alguno. El dinero procede de las cotizaciones de trabajadores y empresas, mientras el Estado se limita a recaudar y redistribuir.
Frente a este escenario, el Gobierno opta por la inacción. Una deflactación de la tarifa del IRPF habría evitado que la inflación empujara a muchos pensionistas a tramos fiscales más altos, pero esa posibilidad ni siquiera se ha planteado. Desde 2018, la inflación acumulada alcanza el 24%, un dato que explica por qué el aumento anunciado apenas compensa la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años.
La aprobación definitiva llegó después del intento fallido del Ejecutivo de vincular la subida de las pensiones con otras medidas ajenas, como la regulación de los desahucios. Finalmente, el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto-ley que recoge la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas correspondientes a 2026. Aunque la subida tiene efectos desde enero, el porcentaje general se mantiene en ese 2,7%.
La medida afecta a cerca de 13 millones de pensiones y prestaciones. De ellas, más de 10,4 millones corresponden a pensiones contributivas percibidas por 9,4 millones de personas, a las que se suman 734.900 pensiones del Régimen de Clases Pasivas. Un volumen que el Gobierno presenta como un gran avance, aunque el contexto inflacionario reduce de forma notable su alcance real.
En la práctica, la subida queda lejos del relato oficial. El incremento nominal no logra compensar el encarecimiento sostenido del coste de la vida, mientras Hacienda consolida su papel como beneficiaria silenciosa de una medida que se vende como protección social, pero que termina reforzando la recaudación a costa de los propios pensionistas.
