La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado este jueves que en Cataluña se está construyendo una “estructura tributaria paralela” carente de cobertura legal y que supone además “un despilfarro de recursos”.
En un comunicado, expresan su “profunda preocupación” por los últimos pasos dados en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), en especial tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015. Este modifica su régimen jurídico para adaptarlo al sistema de financiación singular de la Generalitat, una decisión “sin respaldo legislativo alguno que justifique la urgencia del decreto-ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela”, lo que, subrayan, “pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial”.
Los inspectores recuerdan que no se han aprobado cambios legales en el modelo de financiación, por lo que todo el desarrollo normativo en torno a la ATC se basa en “una entelequia que no tiene en la actualidad ningún amparo legal”.
Añaden que esta iniciativa “supone un despilfarro de recursos sin justificación económica, instaurando mayores costes y cargas administrativas para la prestación de los servicios públicos”.
La IHE lamenta asimismo “el desamparo de los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña” ante el silencio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que todavía no ha aclarado si habrá traslados de empleados estatales a la ATC, tal como insinuó ERC a mediados de septiembre.
Precisamente, la asociación considera preocupante la proposición de ley registrada por ERC en el Congreso, que introduce una nueva disposición adicional en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) para que, en un plazo de seis meses, se transfieran “los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos” para gestionar competencias en materia de IRPF.
También califican de “alarmantes” las palabras de la consejera de Economía y Finanzas catalana, que ha manifestado su voluntad de ir asumiendo la gestión de tributos estatales, aspirar a una “hacienda catalana” y recaudar “todos los impuestos”.
Aún más grave, añaden, es la referencia a una subsede de la Agencia Tributaria estatal dentro de la ATC, planteada en la reunión bilateral del pasado 14 de julio. Todo ello pese a que la propia consejera ha admitido que la ATC carece de personal especializado, ni siquiera dispone de un informático, y que sus inspectores no superan la treintena. Aunque el decreto contempla crear un cuerpo de informáticos y ofrecer becas para preparar oposiciones, estas medidas no pueden equipararse a la capacidad de la Agencia Tributaria estatal.
Por todo ello, los inspectores instan a las Comunidades Autónomas a valorar la posibilidad de recurrir la medida y exigen al Ministerio de Hacienda explicaciones claras y garantías firmes para salvaguardar el papel de la Agencia Tributaria estatal en todo el territorio, así como el respeto a los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades.
