Los inspectores de Hacienda del Estado han pedido este miércoles la «dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero«, ante lo que consideran una «incompetencia manifiesta» en la gestión del acuerdo fiscal firmado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad de Cataluña de Salvador Illa.
«Ante la incompetencia manifiesta de la dirección del Ministerio en no aplicar la legalidad ni proteger a sus funcionarios exigimos la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero», ha reclamado la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, en una rueda de prensa convocada de urgencia en Madrid.
Junto a los inspectores José María Peláez y Antonio Morales, De la Herrán ha presentado el documento Nuevos pasos hacia la independencia fiscal de Cataluña, en el que la asociación advierte de que el régimen singular pactado para la Generalidad «dinamita nuestro sistema tributario«. Según los inspectores, este modelo perjudicará a los contribuyentes en los servicios que actualmente presta la Agencia Tributaria, dejará al resto de comunidades con menos ingresos para financiar los servicios públicos y, de extenderse, supondría “la desaparición del Estado”.
La dirección del Ministerio, aseguran, ha mantenido a los inspectores completamente al margen. Ni el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ni la propia Montero han aclarado nada sobre el pacto. La última reunión con Gascón, celebrada en diciembre tras insistentes peticiones, no arrojó explicaciones, y ahora los inspectores han solicitado un nuevo encuentro urgente.
Con la ministra, directamente, nunca han logrado reunirse. “Es la primera vez que pedimos la dimisión de un ministro, pero es que estamos en una situación gravísima, sin precedentes”, ha subrayado De la Herrán. Peláez, por su parte, ha señalado: “Llevo cuarenta años en la Agencia Tributaria y no he asistido a una situación tan grave como la actual. Es el inicio de la voladura de los principios constitucionales”.
Los inspectores han denunciado que el acuerdo “no ha escuchado a expertos ni técnicos”, es “confuso y contradictorio” y plantea serias amenazas para la eficacia de la Administración tributaria y para la lucha contra el fraude. Han constatado además que, aunque tanto el Gobierno central como el catalán parecen ser conscientes de la dificultad de que la Generalidad asuma de entrada la recaudación del 100% del IRPF —para lo cual no está preparada—, una vez iniciado el traspaso del impuesto “no habrá vuelta atrás”.
