El crecimiento descontrolado del sector público en España es innegable, especialmente en el ámbito de las administraciones locales y autonómicas. En la actualidad, los ayuntamientos cuentan con 12.979 entidades de gestión directa, a las que se suman otras 4.191 dependientes de estas, formando una compleja estructura administrativa. Muchas de estas entidades conforman lo que se ha denominado «administración paralela», cuyo propósito real es desconocido en muchos casos y que ha servido como refugio laboral para afines a los partidos políticos y familiares de cargos públicos.
Uno de los problemas más llamativos de esta estructura es la existencia de 1.239 organismos cuya adscripción a un ayuntamiento concreto sigue sin esclarecerse, lo que los convierte en auténticas entidades fantasma. A pesar de los intentos del Estado por arrojar luz sobre este entramado, estas entidades siguen en un limbo burocrático difícil de desentrañar. Desde 2019, el porcentaje de estas administraciones desconocidas ha crecido, pasando del 29% al 30%, y en momentos de crisis económica llegó a representar el 37% del total.
La inflación administrativa se refleja en el elevado coste que supone mantener este aparato. En 2024, el gasto de los ayuntamientos en esta vasta red de organismos rondó los 100.000 millones de euros, una cifra que se ha duplicado en poco más de dos décadas y que es un 28% superior a la del último año previo a la pandemia. A esta carga financiera se suma la abultada plantilla de empleados municipales, que ya supera los 722.000 trabajadores, un 13% más que en 2007 y un 32% por encima de los niveles de 2002.
El incremento de entidades locales en España es un fenómeno singular a nivel global. Mientras que en otros países las fusiones de municipios han sido una estrategia para mejorar la eficiencia y reducir costes, en España la tendencia ha sido la opuesta. La creación de nuevos municipios mediante la fragmentación de otros ha convertido a muchos ayuntamientos en las principales fuentes de empleo y gasto en sus respectivas localidades, aunque con una productividad cuestionable.
Según los datos de Hacienda, en 2016 existían 17.436 organismos municipales, mientras que en la actualidad la cifra se ha reducido mínimamente a 17.170, lo que representa un descenso de apenas el 1,5% en nueve años. Llama la atención que en 2022, coincidiendo con el año previo a las elecciones locales, se produjo un incremento de un centenar de nuevas entidades, probablemente por el interés de los partidos en colocar personal ante la incertidumbre electoral.
Entre las 12.979 entidades municipales identificadas, se cuentan 8.132 municipios, 51 diputaciones, 3.681 entidades de ámbito inferior al municipio, 77 agrupaciones de municipios, 952 mancomunidades, 82 comarcas, 3 áreas metropolitanas y una federación de entes locales. A esto se suman las 4.191 entidades satélite, muchas de ellas carentes de funciones claras o duplicando servicios ya prestados por otros organismos.
Esta «administración paralela» incluye una variedad de estructuras como sociedades (1.459), asociaciones (728), organismos autónomos (726), fundaciones (718), consorcios (453), entidades públicas empresariales (56) y comunidades de usuarios (51). Muchas de ellas operan sin la transparencia exigida en la contratación pública y han servido como plataforma para la colocación de personal designado a dedo por motivos políticos.
Hacienda lleva décadas tratando de aclarar la estructura de esta densa red administrativa, pero aún no ha conseguido desentrañar el destino de 1.239 entidades cuya adscripción sigue sin determinarse, detalla Vozpópuli. Dentro de este grupo, destacan 675 asociaciones y 414 fundaciones, que son probablemente las que más personal contratado por afinidad política han absorbido. También se incluyen 83 sociedades, 66 consorcios y una comunidad de usuarios.
El panorama financiero de los ayuntamientos también ha comenzado a deteriorarse, a pesar de que disponen de una de las fuentes de ingresos más estables, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que nunca ha sufrido pérdidas de recaudación. De acuerdo con los informes de Hacienda, en 2023 el superávit municipal fue de 1.319 millones de euros, una caída drástica respecto a los 8.401 millones registrados en 2017.
Esta tendencia preocupante se ve agravada por el creciente número de municipios en situación de déficit. En 2017, sólo 860 ayuntamientos presentaban saldo negativo en sus cuentas. En 2023, esa cifra se disparó hasta los 3.265, lo que pone en entredicho la sostenibilidad de este modelo administrativo sobredimensionado.
