La Administración tendrá que hacer fijos a 800.000 trabajadores públicos para cumplir con la Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación que fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas y que hoy está estancada en el 30%.
Mientras las empresas han tenido que dar un giro de 180 grados en su modo de contratar por obligación legal, el Estado ha sumado 286.000 puestos temporales en los últimos cinco años, desde que gobierna el PSOE con sus socios.
Así, y según los datos de la EPA del cuatro trimestre de 2023, de los 3,5 millones de trabajadores públicos que hay en España, casi 1,1 millones son temporales. Mientras, en el sector privado la tasa de temporalidad está en los niveles más bajos en más de tres décadas. Los últimos datos de Estadística la sitúan en el 14,7%.
Ahora, y como ya ocurrió en 2016 con tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el alto tribunal de Luxemburgo considera que España está abusando de la temporalidad, y también explica que las medidas adoptadas para la estabilización del empleo no se ajustan a la normativa europea (Ley 20/2021). Ante esta situación, la salida que encuentra es instar a España a convertir los interinos de larga duración en indefinidos fijos.
