El Gobierno continúa enchufando políticos afines en prácticamente todas las instituciones del Estado. Tras conocerse en los últimos días las maniobras de Pedro Sánchez para colocar políticos de su máxima confianza al frente del Banco de España y la CNMC y así mantener su influencia al menos hasta 2030, este miércoles Vozpópuli publica que el Ejecutivo de Sánchez ha colocado a dedo a 35 políticos afines en puestos de direcciones generales que deben ocupar funcionarios.
Según la misma información, esta práctica debe ser totalmente excepcional y justificada, tal y como establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La ley establece que estos cargos deben ser nombrados entre funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1. Sin embargo, al pedir explicaciones la oposición en el Congreso por estos 35 nombramientos, el Gobierno ha respondido que no hay funcionarios idóneos en todas esas áreas.
La norma establece literalmente que se pueden hacer excepciones «cuando en atención a las características específicas no sea posible nombrar a un funcionario», y se deberá elaborar una memoria razonada la cobertura. Sin embargo, parece difícil creer que en hasta 35 direcciones el Gobierno no ha encontrado un solo funcionario válido para el cargo.
En su respuesta, el Gobierno hace mención al artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, alegando que su decisión de optar por estos 35 enchufes «responde básicamente a la necesidad de acudir al sector privado para reclutar al personal más idóneo». Un insulto a los empleados públicos que también señala una diputada popular en un escrito ante el Congreso, en el que alega que estos efectivos han llegado a la Administración acreditando méritos y capacidad.
