Poco a poco, en un cuentagotas inexorable, la confianza de los españoles en las instituciones del Estado, incluidas las administraciones autonómicas, se desploma hasta niveles inaceptables y peligrosos. Salvada la Monarquía, las Fuerzas Armadas y la Justicia ordinaria, los españoles han visto cómo en la inmensa mayoría de las instituciones y administraciones gobierna el despilfarro, el amiguismo, la prevaricación, la deslealtad, el cohecho y todas las demás formas de corrupción, incluida la traición a la nación y a los principios constitucionales.
Peor aún, la pandemia de coronavirus chino ha destapado determinadas miserias y mentiras que en tiempos de bonanza los gobernantes tapan con sus medios de comunicación adictos y subvencionados, pero que en este último año largo de enfermedad, muerte y empobrecimiento, no ha habido dinero público suficiente en el mundo para esconder que no tenemos la mejor sanidad del mundo, que nuestro servicio público de empleo no sólo es malo, sino vulnerable; que la Fiscalía General del Estado es un instrumento político controlado que no permite que se investigue la gestión de la pandemia; que Hacienda, hoy más que nunca, no somos todos y que Europa no nos salvará.
Todo esto, todo lo anterior, e incluso todo lo que todavía no sabemos pero intuimos, sólo tiene un válvula escape para los sufridos ciudadanos: votar de vez en cuando. Es cierto que eso nos convierte en cómplices de un sistema que, objetivamente, está enfermo de corrupción, y no sólo económica —que es la menos importante—, pero es indispensable para contener el hartazgo de los ciudadanos y para dar la impresión de la benéfica normalidad democrática, a pesar de desviaciones lamentables como que el voto de unos españoles valga más que los de otros.
Hasta ahora, la limpieza del sistema de votación y del escrutinio había resistido a esa crisis de confianza imparable. Jamás, nadie, nunca en este periodo constitucional, ha puesto en entredicho los resultados de unas elecciones gracias a la presencia activa de interventores y apoderados de los partidos, a la vigilancia policial y judicial, a la impagable labor de los sufridos miembros de las mesas electorales, a su conciencia cívica para detener los pequeños intentos, que siempre los habrá, de alterar los resultados y a la confianza absoluta de los votantes en un sistema público de Correos y sus mecanismos de recogida, guarda, custodia y entrega del voto emitido con anterioridad a la fecha electoral.
Hasta qué punto se ha instalado el recelo entre los españoles a lo largo de estos dos años y medio de mentiras —récord de todos los Gobiernos de la democracia—, que la sola idea de que el presidente Sánchez haya colocado a Juan Manuel Serrano, uno de sus íntimos amigos, con un sueldo escandaloso al frente de Correos, unido al hecho cierto de que el sistema de votación por correo está asignando a unos madrileños el voto de otros por «un fallo informático», ha creado una alarma que sólo va a minar la, hasta ahora, intacta seguridad de los electores en el sistema de votación.
En cualquier nación civilizada, el cese del íntimo amigo de un presidente que ha permitido con su torpeza y negligencia que se socave la confianza de los votantes en el sistema de voto por correo, sería inmediato. Claro que en cualquier nación civilizada, el presidente jamás se habría atrevido a colocar allí a un amigo íntimo, por muy interesado que estuviera en seguir ganando elecciones.
