España afronta en 2024 un panorama laboral que, según el informe de FOESSA presentado para Cáritas, muestra que la calidad del empleo se sitúa un 26% por debajo de la media de la Unión Europea, lo que convierte al país en el peor de los Veintisiete en ingresos y estabilidad laboral.
El estudio, elaborado a partir de una encuesta a 12.289 hogares y firmado por investigadores de 51 universidades y entidades sociales, señala este deterioro como uno de los motores principales del ensanchamiento de la desigualdad en España. Aunque los datos macroeconómicos reflejan una mejora del empleo, el documento advierte de que ha perdido su función protectora e integradora. La precariedad, afirman, se ha normalizado hasta alcanzar al 47,5% de la población activa, lo que supone 11,5 millones de personas en distintas situaciones de inseguridad. De hecho, más de un tercio de quienes viven en exclusión moderada o severa trabaja.
El informe dibuja un país con una clase media cada vez más debilitada, empujada hacia estratos inferiores tras dos décadas marcadas por crisis consecutivas. Las etapas de recuperación no habrían logrado cerrar la brecha social, situando a España entre los países europeos con mayores niveles de desigualdad. En 2024, la exclusión severa se mantiene un 52% por encima de la registrada en 2007, lo que afecta a 4,3 millones de personas.
La precariedad no deriva únicamente de los salarios: también influye la inestabilidad contractual, la falta de perspectivas de futuro, las dificultades de conciliación, las condiciones laborales, la formación y la participación en el entorno de trabajo. Estos seis elementos componen el Índice de Calidad del Empleo, donde España vuelve a quedar rezagada frente al conjunto de la UE. Según el documento, el país solo se acerca a la media en algunas dimensiones, pero se desploma en dos: ingresos y, sobre todo, estabilidad, donde obtiene el valor más bajo de toda la Unión. FOESSA matiza que la reforma laboral de 2022 podría modificar esta tendencia a medio o largo plazo, aunque todavía no se refleja.
Uno de los puntos más críticos es la elevada proporción de empleo a tiempo parcial involuntario, que afecta al 49,3% de quienes tienen este tipo de contrato, frente al 19,4% de media europea. Esta modalidad implica salarios anuales entre el 35% y el 45% de los percibidos por quienes trabajan a jornada completa, consecuencia no solo de jornadas más cortas, sino también de un salario por hora un 29% inferior.
El documento destaca igualmente el peso del empleo de salarios bajos, vinculado a sectores muy expuestos al ciclo económico y con alta rotación. Desde 2005, esta categoría se mantiene congelada en torno al 18%, pese a las sucesivas subidas del SMI desde 2019. Afecta con más intensidad a mujeres (25-30%), jóvenes menores de 25 años (más del 40%), trabajadores extranjeros (más del 25%) y residentes en Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y Galicia, territorios donde supera el 20%.
Todo ello contribuye a que España siga entre los países con peor reparto de la renta en la UE, solo por delante de Portugal, Italia, Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria. La desigualdad, recuerda el informe, no responde únicamente a factores económicos o demográficos, sino también al papel que ejerce la intervención pública, desde el diseño de los impuestos hasta la intensidad de las prestaciones. Aunque se han dado pasos en el Estado del Bienestar, la capacidad redistributiva española continúa muy por debajo de la de países como Alemania o Francia, e incluso en 2022 permanecía todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.
