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EL ECOFIN EXAMINÓ LAS CORRECCIONES DE ESTOS TERRITORIOS EL 14 DE MARZO Y TOMÓ LA DECISIÓN

La Comisión Europea excluye a Gibraltar de su lista de territorios de alto riesgo fiscal

La Comisión Europea excluye a Gibraltar de la lista de países de alto riesgo fiscal. Europa Press.
La Comisión Europea excluye a Gibraltar de la lista de países de alto riesgo fiscal. Europa Press.

La Comisión Europea eliminó la pasada semana a Gibraltar, Panamá, Barbados, Emiratos Árabes y Uganda del listado de alto riesgo para el sistema financiero de la Unión Europea. La decisión, impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conllevaba la exclusión automática de Reino Unido.

El ECOFIN examinó el 14 de marzo los avances en la corrección de las deficiencias estratégicas de estos territorios. Después de esto, concluyó que ya no suponen una amenaza importante para el sistema financiero internacional. En su informe, firmado por la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, explica que «en su sesión plenaria de febrero de 2024, el GAFI agregó a Kenia y Namibia y eliminó a Barbados, Gibraltar, Uganda y Emiratos Árabes de esa lista».

También felicita a los territorios por lo que considera sus «significativos procesos». Sin embargo, esta decisión choca con los intereses de nuestro país y miembro de Los Veintisiete. España va un paso más allá que la UE hasta ahora y considera a Gibraltar no sólo un territorio de alto riesgo sino un paraíso fiscal.

Un paraíso fiscal es un territorio con bajos o nulos impuestos, y en el que puede darse opacidad en el sistema bancario. Una opacidad que conlleva que esas regiones sean utilizadas para lavar dinero u ocultar fondos provenientes del terrorismo o utilizados para financiarlo.

Los llamados países de alto riesgo fiscal tienen su base en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849. Son aquellos con deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Existe una tercera consideración fiscal negativa que sería la de «Países y territorios no cooperadores». Hacienda define así a las zonas que no promueven la transparencia y tributación justa.

En enero de 2021 España se comprometió con Gibraltar a levantar la calificación en dos años si el peñón cumplía un acuerdo de intercambio de información fiscal. El 13 de marzo de ese mismo año incluso se publicó en el BOE el acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido sobre Gibraltar.

Sin embargo, nuestro país no consideró debidamente cumplidos los acuerdos por parte de la colonia británica. El 10 de febrero de 2023 el Ministerio de Hacienda aprobó una orden que actualizaba el listado de paraísos fiscales como pide la ley contra el fraude fiscal. Gibraltar, que en octubre de 2022 dejó de ser paraíso fiscal para la Comisión Europea, se mantenía en la lista de España.

Ahora Bruselas va un paso más allá, pero el listado español permanece inamovible. Una decisión en línea con la del Grupo de Acción Financiera Internacional (del G8), que también lo mantiene como jurisdicción «bajo monitorización creciente».

El ministro de Justicia, Comercio e Industria del Gobierno de Gibraltar, Nigel Feetham, celebraba la decisión de Bruselas. «Supone una nueva validación de la posición de Gibraltar como jurisdicción reputada y digna de confianza a escala mundial», afirmaba.

Los problemas actuales para España con la UE y Gibraltar no acaban aquí. Londres y Bruselas siguen negociando el acuerdo que regulará la futura relación con Gibraltar tras el Brexit. Este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmaba que tanto Reino Unido como la Unión Europea han presentado textos en las negociaciones. Precisamente, esta misma semana se celebrará una nueva ronda negociadora, la decimoctava, debido a las constantes trabas del Gobierno británico.

España junto con la UE han presentado una propuesta «equilibrada y generosa» que permitiría crear la zona de prosperidad compartida entre el Peñón y el Campo de Gibraltar a la que aspiran los dos países. Sin embargo, Londres insiste en que los acuerdos sólo se alcanzarán «hacerse «sin perjuicio a nuestras posturas respectivas sobre la soberanía y la jurisdicción». Es decir, sin ninguna cesión.

En caso de no sellarse en las próximas semanas, correspondería a la nueva Comisión Europea —tras las elecciones de junio— y al nuevo Gobierno británico ultimar su negociación, lo que podría retrasar todo el proceso durante varios meses más.

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