La deuda pública española ha ascendido en agosto de 2024 a 1.623 miles de millones de euros, representando una variación total de 329% desde 2008, una diferencia que permitiría a cada trabajador de España pagar la entrada para la adquisición de una vivienda. La principal causa de ello es que el territorio nacional lleva gastando más de lo que ingresa de forma sistemática en todo el período entre 2008 y 2024, provocando que la deuda acumulada haya pasado de menos del 40% del PIB en el principio de este período a más del 105% del PIB en 2024.
En específico, desde que llegó a la Moncloa el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la deuda ha crecido un 35% respecto a 2018, una diferencia evaluada en más de 420 miles de millones de euros. Esta cronificación del déficit, con el consiguiente incremento de la deuda, tiene consecuencias directas en nuestros niveles de crecimiento y bienestar, suponiendo un lastre muy importante para la economía y el desarrollo.
Según el Banco de España, respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta los 334 miles de millones de euros en agosto de 2024, con una variación interanual del 2,5%. Asimismo, la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23 miles de millones de euros, lo que supone un 1% menos que el salgo registrado en agosto de 2023.
En este contexto, España es el segundo país de la Unión Europea que más ha incrementado su deuda pública desde 2019, más de 14,6 puntos sobre el PIB, frente a la media de la eurozona que únicamente ha aumentado 6 puntos sobre el PIB. Todo esto se produce a pesar de la regla impuesta por Bruselas que exige que los pasivos del Tesoro no superen el 60% del PIB.
Las comunidades autónomas tendrán que pagar más de 12 mil millones en 2027
España deberá desembolsar unos 3.000 millones de euros en el pago de intereses de la deuda en 2025, cuyo peso sobre el PIB podría alcanzar el 2,7%. En este contexto, aunque el Banco Central Europeo está reduciendo los tipos de interés para llevar la inflación al 2%, este movimiento tardará en reflejarse en los intereses de la deuda debido a los retrasos inherentes a la política monetaria.
Según un estudio realizado por Fedea, en el caso de las comunidades autónomas, el gasto en intereses ha aumentado hasta los 7.100 millones de euros, en comparación con los 3.608 millones que tuvieron que pagar en 2022. Sin embargo, subrayan que este gasto podría experimentar un incremento del 234% entre 2022 y 2027, lo que equivaldría a un desembolso superior a los 12.037 millones de euros.
La comunidad autónoma que enfrentaría el mayor incremento en los intereses de la deuda pública es La Rioja, que tendría que desembolsar más de 42 millones de euros, un aumento del 739% entre 2022 y 2027. Le siguen las Islas Canarias, con una variación del 549%, y la Comunidad Valenciana, con un 424%, lo que implicaría pagos de 269 millones de euros y 1.532 millones de euros, respectivamente. En el otro extremo se encuentra Navarra, con una variación del 96%, aunque tendría que desembolsar más que La Rioja, con una partida de 121 millones de euros.
