Cuando se hacen buenas inversiones, se genera riqueza en el momento de ejecutar la inversión y durante muchos años más se siguen consiguiendo beneficios, que, si alguien los midiese, daría que el retorno de la inversión ha sido fabuloso.
Si esto es así, y lo sabe hasta el ejecutivo más torpe, cómo es posible que ni un solo político de España, a 30 de septiembre, haya sido capaz de ejecutar, no digo ya el 70% de la inversión, ni el 60%, ni el 50%. Cómo es posible que del presupuesto inicial que se aprobó en las asambleas de cada comunidad y en las Cortes Generales, se subiese en 3.000 millones de euros en las comunidades y en otros 3.000 millones en la Administración Central y solo hayan sido capaces de ejecutar entre todos 7.618 millones.
Las comunidades presupuestan y aprueban 12.282 millones de euros en inversiones, el Estado aprueba otros 8.918 millones para los diferentes ministerios y, con el paso del tiempo, las comunidades amplían el presupuesto a 15.007 millones, que supone un incremento del 22,2%. Todas las comunidades lo incrementan menos es País Vasco, que ya reconoce su incompetencia y sabe que de sus 563 millones de euros a 30 de septiembre va a tener ejecutado el 17,5% y ser el peor de la clase.
El Estado, dice a su vez, ésta es la mía y sube su presupuesto un 38,1% hasta llegar a los 12.317 millones.
Ni una sola comunidad ha ejecutado el 40%. Sólo Navarra se le acerca con un 39,6%, le sigue la Administración Central de Estado, que ha ejecutado un 34,8% de su parte que equivale a 4.286 millones y le quedan pendientes 8.031 millones.
A Navarra le siguen Aragón y Galicia, con un 27,2% y 27,3% respectivamente. Murcia y Cantabria junto con Madrid son de las pocas que superan el 25% a esa fecha. Por debajo del 20% están Andalucía, con un 19.0%, La Rioja, con un 17,6% y el País Vasco.
No es posible que con 22 ministerios y uno dedicado a invertir, como Fomento, a estas alturas del año sólo hayan sido capaces de materializar obras por 4.286 millones. Una de las principales variables del PIB es la inversión, tanto la pública como la privada, dejarse 8.000 millones de ejecutar es dañar al PIB en un 0,6%.
Cómo es posible que, a 30 de septiembre, de los 15.008 millones sólo se hayan ejecutado 3.331 y el resto ni se sepa, ni para cuando ni siquiera cuánto. Dejarse 11.676 es lo mismo que dejarse un 0,9% del PIB en la cartera que junto con el 0,6% del Estado, nos estamos dejando de ejecutar un 1,5% del PIB.
Podría entenderse que el Gobierno anunció a las comunidades fondos Next Generation y que por eso han hecho la ampliación de presupuesto y que los fondos no han llegado. En ese caso la ejecución debería de ser la proporcional a nueve meses de 12.282 millones que equivaldrían a una ejecución de 9.000 millones y no de 3.300 millones.
Estamos entrando en una crisis y cualquier cosa que se haga y sirva para dinamizar el mercado es buena y la que no se haga no sólo es malo, es que además es una negligencia. Quedan 19.707 millones de euros presupuestados pendientes de ejecutar, cuando eso sucedió faltaban tres meses para el final del año, ahora menos de 20 días.
