La persistencia de los precios elevados, unida al aumento de impuestos y cotizaciones y a la negativa del Ejecutivo de Sánchez a deflactar el IRPF, está erosionando la capacidad de compra de las familias. El resultado es una pérdida de poder adquisitivo que golpea especialmente a quienes viven de su nómina, en un país donde el salario más frecuente apenas alcanza los 16.520 euros anuales, según el INE.
El problema no es únicamente que los precios suban, sino que los ingresos de los trabajadores no están creciendo al mismo ritmo. La inflación encadena ya cinco meses por encima del 3%, impulsada por el repunte de los carburantes y la electricidad. Mientras tanto, los trabajadores acogidos a convenios colectivos acumulan también cinco meses de pérdida de poder adquisitivo. Según ABC, desde marzo, cuando la inflación volvió a acelerarse, se puso fin a 19 meses consecutivos de ganancias reales.
Hasta julio, los salarios pactados en convenio habían aumentado un 3%, frente al 3,5% de incremento de los precios. La diferencia puede parecer pequeña sobre el papel, pero se traduce en una merma directa de la capacidad de compra de millones de trabajadores. Más llamativo resulta que las remuneraciones negociadas colectivamente estén creciendo incluso por debajo del salario mínimo, cuya subida este año ha sido del 3,1%.
Las cifras permiten dimensionar el golpe. Un trabajador que perciba el salario más frecuente en España —unos 1.180 euros mensuales— habría obtenido con una subida del 3% un incremento de 35,40 euros. Para mantener intacto su poder adquisitivo, sin embargo, habría necesitado 41,30 euros: casi seis euros más cada mes. En el caso de un trabajador con un salario medio de 2.386 euros, la subida se traduce en 71,58 euros mensuales, cuando habría necesitado 83,51 euros para compensar el encarecimiento de los precios. Casi doce euros de diferencia cada mes.
La cesta de la compra, la electricidad, los carburantes y los alquileres siguen presionando los presupuestos familiares. A ello se suma el coste de la vivienda para quienes tienen una hipoteca, en un escenario condicionado por el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo para contener las presiones inflacionistas. El encarecimiento del dinero se ha trasladado al euríbor, referencia de la mayoría de las hipotecas variables en España, añadiendo otra fuente de presión sobre los hogares.
En este contexto, la política económica del Gobierno de Sánchez afronta una contradicción difícil de ignorar: mientras los trabajadores pierden capacidad de compra, la presión fiscal sobre sus ingresos continúa aumentando.
El nuevo año ha vuelto a incorporar nuevas cargas sobre las nóminas: el destope de las bases máximas de cotización, el cuarto año de aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el segundo de la denominada «cuota de solidaridad» para las rentas salariales más elevadas. Son incrementos que reducen el salario disponible y que, en el caso de la cuota de solidaridad, no generan derechos adicionales de pensión. Para sus detractores, la denominación de cotización resulta, por ello, difícil de distinguir en la práctica de la de un impuesto.
A estas cargas se suman otras obligaciones fiscales que soportan las familias, desde el IVA hasta el IBI o el impuesto de circulación. El resultado es una presión fiscal creciente sobre el trabajo y el consumo, precisamente en un momento en el que los hogares necesitan recuperar capacidad de ahorro y poder adquisitivo.
La ausencia de una deflactación del IRPF agrava el problema. Cuando los salarios aumentan nominalmente para tratar de compensar la inflación, pero los tramos del impuesto no se adaptan al incremento del coste de la vida, Hacienda puede terminar recaudando más aunque el trabajador no haya ganado capacidad económica real. Es el conocido efecto de la denominada «progresividad en frío». En otras palabras, el trabajador cobra algo más, pero no necesariamente puede comprar más; mientras tanto, el Gobierno de Sánchez sí puede ingresar más.
El salario mínimo avanza, pero el resto de las nóminas no acompaña
El salario mínimo interprofesional ha alcanzado este año los 1.221 euros brutos en 14 pagas, tras aumentar un 3,1%. Desde 2019, el SMI acumula una subida cercana al 70%, convirtiéndose en una de las principales señas de identidad de la política laboral del Ejecutivo.
Pero existe una paradoja: mientras el Gobierno de Sánchez exhibe el incremento del salario mínimo como prueba de una mejora de las condiciones laborales, los salarios pactados en convenio están avanzando a menor ritmo. El riesgo es que la mejora concentrada en la parte inferior de la distribución salarial no vaya acompañada de un crecimiento suficientemente sólido del resto de las remuneraciones.
La cuestión de fondo no es únicamente cuánto sube el salario mínimo, sino cuánto puede ganar un trabajador medio, cuánto puede ahorrar después de pagar impuestos y cotizaciones y cuánto puede comprar con su nómina.
