La «hucha de las pensiones» es uno de los muchos engaños del Régimen del 78 a los ciudadanos, como que las autonomías acercan la Administración a los gobernados o que los inmigrantes vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren. Su contenido actual no cubriría ni un mes.
La ministra de Seguridad Social, la socialista Elma Saiz, repitió en el Congreso el día 22 de enero el mantra de todos los ministros que le han precedido: las pensiones públicas (contributivas y no contributivas) están aseguradas, por las reformas hechas en el sistema por el Gobierno de Sánchez, que consisten en subir cada vez los impuestos y las contribuciones laborales y empresariales… y en indexar las pensiones a la inflación.
«Los pensionistas de hoy y también los de mañana pueden estar tranquilos», dijo Saiz. Y puso como prueba de su optimismo el Fondo de Reserva de Garantía de las Pensiones, creado en 2000 por el Gobierno de José María Aznar (PP). Según anunció, la «hucha de las pensiones» terminó 2024 con 9.376,7 millones de euros gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo impuesto que, desde enero de 2023, el Estado cobra a los trabajadores, empresas, funcionarios y autónomos. Lo llaman solidaridad.
La ministra navarra, que en noviembre de 2023 sucedió a José Luis Escrivá, nombrado por Sánchez gobernador del Banco de España, añadió que a finales de 2025 el Fondo de Reserva ascenderá a 14.000 millones de euros, es decir, un 50% más. De cumplirse este pronóstico, la «hucha de las pensiones» se acerca a la cuantía de sus activos en 2016, que fueron de 15.002 millones.
Este ahorro, obtenido mediante impuestos a los ciudadanos y las empresas, ¿de verdad puede tranquilizar a los pensionistas?
La pensión media, 1.498 euros mensuales
El gasto al que el Estado dedica más dinero son las pensiones públicas (de jubilación, de viudedad, de orfandad, las no contributivas —o sea, subsidios—, de incapacidad permanente, etc) por encima del servicio de la deuda, de los salarios de los empleados públicos o el mantenimiento de las infraestructuras.
Las razones son un aumento de pensionistas constante por la jubilación de los miembros de la generación del ‘baby boom’ y una revalorización decidida por el Gobierno del PSOE y de Sumar, apoyada por PNV, Bildu, ERC, Podemos y el PP.
En los Presupuestos Generales del Estado para 2023 (prorrogados para 2024 y, luego, 2025) el gasto en las pensiones públicas se fijó en 190.687 millones de euros. Para comprender el crecimiento de este apartado, en 2008 las pensiones sumaron 98.011 millones. En su mejor año, que fue 2011, justo cuando a España llegó la crisis financiera iniciada en Estados Unidos, el Fondo de Reserva contenía 66.815 millones de euros, que hoy no alcanzarían ni para pagar cinco meses.
En diciembre, la Seguridad Social abonó 10,28 millones de pensiones, por un importe total de 12.974,2 millones, un 7% más que en diciembre de 2023. Y en enero, 13.432,4 millones, un 6,17% más que hace un año. La subida se debió a la revalorización del 2,8% por la tasa de inflación.
Fue julio de 2023 cuando la nómina mensual ordinaria superó por primera vez la cifra de 12.000 millones. La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, ya se sitúa en 1.498 euros mensuales; en diciembre fue de 1.450. El dinero que supusieron las pensiones públicas alcanzó un 12,8% del PIB a finales de 2024 y se elevará a un 12,9% en 2025, según los cálculos de Instituto Santa Lucía.
En estos momentos, el contenido de la llamada «hucha» da para pagar tres semanas de pensiones. A finales de este año, si se cumplen los pronósticos de Saiz, sus activos darían para un mes.
La deuda de la Seguridad Social
Pero la «hucha de las pensiones» no deja de ser una ficción contable. Las pensiones públicas se pagan con las aportaciones de trabajadores, funcionarios, autónomos y empresas a la Seguridad Social. Como éstas cubren sólo nueve meses del gasto anual, que ya se acerca a los 200.000 millones de euros, el Estado realiza transferencias constantes a la Seguridad Social. La última de ellas, de 10.000 millones de euros, para desembolsar la extra de las pensiones en noviembre, elevó en noviembre la deuda de la Seguridad Social a 126.177 millones de euros.
Para el ejercicio fiscal del año 2025, el Gobierno calcula que las dotaciones provenientes del MEI rondarán los 4.400 millones de euros, con el añadido de los rendimientos del Fondo, que superarán los 263 millones. Y he aquí otro elemento característico de España. El Fondo de Reserva invierte exclusivamente en deuda pública española desde 2015, lo que le ha supuesto una rentabilidad promedio de la última década de carácter negativo en términos reales (-1,1%), debido a los numerosos años de tipos de interés negativos.
A los fondos estatales de otros países, sus normas reguladoras les permiten invertir en renta fija y en renta variable de otros países. Los políticos españoles, muy patriotas ellos, invierten los activos de la «hucha de pensiones» en comprar la deuda que emite el Estado español, la cual, por cierto, ronda los 1,5 billones de euros, el 102,5% del PIB anual, según el ministro Carlos Cuerpo. Hace unos días, el Tesoro presumía de haber emitido desde que comenzó el año 27.432 millones de euros de deuda. Los números dan tanto miedo que muchos se niegan a verlos.
