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ESPAÑA DOBLA LA TASA DE PARO DE LA ZONA EURO

La trampa de los ‘fijos discontinuos’ y el desempleo crónico con el que nos hemos acostumbrado a vivir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, Nadia Calviño; y la vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Europa Press

Casi el 45 por ciento de los nuevos contratos corresponden a indefinidos, exactamente 730.427. Pero de éstos sólo 291.308, es decir, menos del 40 por ciento, son indefinidos a tiempo completo; el resto corresponden a tiempo parcial o fijo discontinuo, con lo que se mantiene la temporalidad

Todo análisis del mercado laboral español tiene que partir del hecho de que dobla la tasa de paro de la zona euro; la española es del 13 por ciento (mayo de 2022) y la media de los países que usan el euro es del 6,8 por ciento (abril de 2022). Casi uno de cada cuatro parados de los veintisiete miembros de la Unión Europea reside en España: tres millones de 13,2 millones.

En vez de hacer experimentos, reformas legales, ampliaciones de subsidios y «transiciones justas», los Gobiernos españoles (todos ellos) deberían tratar de imitar a varios de los antiguos países de la Europa socialista, como Polonia, Eslovenia, Hungría, o la República Checa, los cuatro por debajo del 5 por ciento, o al vecino Portugal, donde, llamativamente, el peso de la industria es menor que en España, pero que tiene una tasa inferior a la mitad de la española… ¡y está gobernado por el Partido Socialista! 

¿Qué ocurre en la economía y las instituciones españolas para que superemos a Grecia en desempleo? ¿Por qué este asunto no es motivo de debate nacional?

Nos hemos acostumbrado a convivir con un desempleo crónico propio del Tercer Mundo, atenuado por «paguitas» que evitan la conflictividad, y cursos eternos que restan parados a las listas. Todos: gobernantes, sindicalistas, empresariado y universidad. La situación se agrava cuando el Gobierno lo forman activistas que consideran que empleadores y empleados son enemigos tan encarnizados como las mujeres y los hombres.

Hace unos meses, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondía a las quejas de algunos empresarios por la falta de trabajadores con el siguiente consejo: “Páguenles más”. Y el 3 de junio supimos que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, prepara una reforma de la ley de extranjería para introducir trabajadores extranjeros en los sectores que sufren “cuellos de botella”. 

No se puede sorber ni soplar a la vez. Si faltan trabajadores porque los salarios que se pagan son bajos, no parece inteligente añadir cientos de miles de trabajadores extranjeros menos exigentes y formados, que estarán dispuestos a trabajar por esas cantidades de dinero que a la vicepresidenta Díaz le parecen impropias. ¿O es que esos trabajadores van a cobrar un salario especial?

Esta esquizofrenia gubernamental nos lleva a hacernos varias preguntas, aunque sus respuestas no caben aquí: ¿por qué son tan bajos los salarios en España?; ¿por qué hay tres millones de personas que no trabajan cuando existe demanda laboral?; ¿por qué no nos planteamos qué se enseña en la enseñanza media, en la formación profesional y en la universidad?

Según el SEPE, en mayo España consiguió la proeza de descender por primera vez desde 2008 de los tres millones de parados inscritos, gracias a que encontraron trabajo casi 100.000 personas. Dejemos de aplaudir y observemos con algo de atención.

Empecemos con un dato positivo: por primera vez desde que existe la Seguridad Social, ésta ha superado los 20 millones de cotizantes. Una cifra que contribuye a abonar las pensiones públicas contributivas, que ya suponen el 12% del PIB nacional.

El mes de mayo siempre es bueno para el empleo (con la excepción de 2020), porque el sector turístico prepara la temporada de verano. Además, en abril, España recibió 6,1 millones de turistas extranjeros, diez veces más que en el mismo mes de 2021, por lo que es de esperar que, a pesar de la subida de precios en los hoteles y restaurantes (debido a la inflación), este verano sea magnífico. Y como ya sabemos, esos contratados dejarán de trabajar a partir de septiembre. De todas maneras, la reducción del desempleo en mayo de 2021 fue mayor: 129.000 personas.

Otro punto de interés es que Andalucía y Madrid, dos comunidades autónomas donde se están aplicando bajadas de impuestos y simplificaciones administrativas, reúnen la tercera parte del número de parados desaparecidos.

El Gobierno «de progreso» ha achacado la reducción del desempleo a su reforma laboral, salvada por el voto de un diputado del PP, y Díaz ha mostrado su regocijo por el aumento de la contratación indefinida. Casi el 45 por ciento de los nuevos contratos corresponden a indefinidos, exactamente 730.427. Pero de éstos sólo 291.308, es decir, menos del 40 por ciento, son indefinidos a tiempo completo; el resto corresponden a tiempo parcial o fijo discontinuo, con lo que se mantiene la temporalidad. Una pequeña trampa a la que la prensa gubernamental no presta atención.

Otra trampa es que los fijos discontinuos constituyen una nueva categoría que sustituye a los contratos por obra y servicio, con el detalle de que los trabajadores no entran en las listas de desempleo cuando dejan de estar trabajando. Igual que ocurre con los trabajadores en ERTE, cuyo contrato laboral no se considera extinguido aunque cobren prestación por desempleo; de estos trabajadores hubo más de tres millones en mayo de 2020.

Sin embargo, el mercado laboral español mantiene la inflación de contratos, detrás de la que está la temporalidad, uno de los elementos básicos de nuestros sectores económicos más importantes: el turismo, la construcción y la agricultura. En mayo pasado se registraron 1,6 millones, frente a los 1,4 millones de abril de 2022 y los 1,5 millones de mayo de 2021. Es decir, para sacar a una persona del paro se necesitan 15 contratos. 

Ah, ¿sabe usted, curioso lector, qué son los mayores creadores de empleo temporal y precario en España? Las consejerías de Sanidad y de Educación de las comunidades autónomas. La Administración puede aplicarse las normas que prohíbe a los ciudadanos a los que en teoría sirve.

En resumen, nos alegramos de que en España el número de parados haya bajado a menos de 3 millones, tendencia que, sin duda, se mantendrá en los próximos meses, hasta quizás tocar los 2,5 millones; y también de que los trabajadores afectados por ERTE sean ya sólo 27.500. Pero no podemos estar contentos. Las «cosas chulísimas» que hace este Gobierno son pan para hoy y hambre para mañana.

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