La incertidumbre reina en las oficinas de las principales empresas del sector energético. Lo que hace días parecía descartado, ahora toma fuerza: la prórroga del polémico impuesto a las energéticas y a la banca ha vuelto al centro del debate político.
El martes por la mañana, los despachos de los directivos de las principales energéticas estuvieron marcados por la confusión. «No tenemos información clara. Sólo podemos guiarnos por los comunicados contradictorios de los distintos partidos», comentaron fuentes del sector. Las empresas temen que esta situación genere inseguridad jurídica y ponga en peligro proyectos de gran envergadura, según revelan a Vozpópuli.
«El Gobierno está jugando con fuego», advierten desde las empresas, recordando que el 80% de las inversiones contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) provienen de capital privado. Este escenario podría traducirse en una ralentización de inversiones clave, impactando negativamente en la transición energética.
Compañías como Repsol y Moeve (antigua Cepsa) ya habían advertido en el pasado sobre las posibles consecuencias del impuesto. En el caso de Moeve, la compañía estima que, de extenderse el gravamen, podría desviar 3.000 millones de euros a proyectos de hidrógeno verde en otros países. Según fuentes de la compañía, este tributo afectaría de manera significativa la rentabilidad de sus iniciativas estratégicas en España.
Repsol, por su parte, ya pausó en octubre inversiones en proyectos renovables por valor de 8.000 millones de euros debido a la incertidumbre fiscal. Entre estos, destacan iniciativas como la construcción de un electrolizador de 150 MW en Tarragona, valorado en 300 millones de euros, y una planta de valorización de residuos con una inversión adicional de 750 millones. En Cartagena, Repsol tenía previsto instalar otro electrolizador de 100 MW con un coste de 200 millones.
El sector energético lamenta que la gestión del Gobierno esté marcada por la improvisación, lo que consideran una amenaza para la estabilidad del marco inversor en España. «Este tipo de medidas no sólo generan incertidumbre jurídica, sino que también pueden llevar a la paralización de proyectos que son esenciales para alcanzar los objetivos de descarbonización», apuntan desde el sector.
Mientras tanto, las empresas siguen esperando una posición clara por parte del Ejecutivo. Las contradicciones entre los acuerdos con diferentes socios parlamentarios mantienen en vilo a las energéticas, que ven cómo el futuro de sus inversiones en España queda a merced de negociaciones políticas que, por el momento, no ofrecen certezas.
