El PSOE y Sumar han cerrado un acuerdo fiscal que mantendrá el impuesto a la banca, elevará en dos puntos la tributación en el IRPF a las rentas de capital por encima de los 300.000 euros, creará un nuevo impuesto a bienes de lujos, eliminará la exención a las primas de seguros privados sanitario y aumentará los impuestos al tabaco y los vapeadores. No obstante, centra su atención en desplegar el Estatuto del Artista para acercarles a la «dignificación laboral» y mejorar la fiscalidad de las cooperativas.
El Gobierno, con el objetivo de incrementar los ingresos del Estado, aseguró que era necesario convertir en permanente o progresivo el impuesto sobre la banca, lo que permitiría una recaudación de cerca de 3.000 millones de euros. No obstante, el Instituto Español de Analistas ha alertado que este tributo conllevará a un recorte de la concesión de créditos a empresas de alrededor de 9.000 millones, conllevando a la reducción del crecimiento orgánico del capital y, en consecuencia, desincentivaría la inversión.
Además, distintos personajes clave del sector financiero aseguran que el impuesto permanente iría «directamente en contra del crecimiento económico» y que presenta un riesgo de doble imposición. En específico, la presidente del Banco Santander, Ana Botín, ya alertó que «los gobiernos tienen que entender que si queremos sufragar el modelo europeo, necesitamos que las empresas puedan generar dinero». En esta línea, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, asegura que se trata de una multa «por razones ideológicas».
Finalmente, al centrarse el impuesto en un sector oligopólico con pocas grandes empresas, estas serán capaces de trasladar los precios muy fácilmente ante su control del mercado. En este sentido, la carga fiscal sobre la banca lo terminaran pagando los españoles de a pie.
La lucha por hacer permanente el impuesto a las energéticas
El acuerdo entre el PSOE y Sumar no menciona en ningún momento el impuesto permanente sobre las energéticas, aunque ambos mantienen posiciones distintas. Por un lado, el PSOE ha decido dejar de parte este impuesto tras las amenazas de Junts y el PNV, quienes quisieron salvaguardar a las energéticas y obligaron al Gobierno a buscar otras fuentes tributarias para contentar a sus socios.
En el otro lado, los restantes partidos del Gobierno, al que incluye Sumar, Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu, no están de acuerdo con la eliminación del impuesto a las energéticas. En esta línea, el secretario general del grupo Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, ha asegurado que la formación no ha renunciado a incluir el impuesto energético en el paquete fiscal pactado con el PSOE.
De esta manera, pese a la división, Guijarro asegura que van a seguir trabajando «para que esa enmienda salga aprobada cuando se discuta en comisión y, si no, en pleno», queriendo así «mantenerla viva hasta el final». Asimismo, el secretario general considera que el acuerdo fiscal pactado «no es exactamente la que requiere el país, pero al menos es un paquete fiscal en el camino correcto».
Colapso de la sanidad pública ante el encarecimiento de los seguros sanitarios privados
Del mismo modo, los dos partidos del Gobierno han abogado en el acuerdo fiscal por «eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiario fundamentalmente a las personas y familias de renta alta». Sin embargo, el sector asegurador ya está inmerso en una espiral de crecimiento y aumento de precios, por lo que la medida del Gobierno podría acelerar la dinámica inflacionaria.
El PSOE y Sumar aseguran que el régimen de exenciones ha contribuido «a la creación de distorsiones en el acceso a la calidad de la atención sanitaria» y, en lugar de contribuir a un sistema de salud más equitativo, «se perpetúa una situación en la que el acceso a la atención sanitaria de calidad queda, en gran medida, en función de la capacidad económica, en lugar de ser un derecho individual garantizado para todos».
La propuesta, encabezada por el partido de Yolanda Díaz, amenazará a más de 12 millones de particulares que tienen estos seguros, quienes tendrán que optar por la sanidad pública y provocará que colapse aún más. En este sentido, cabe destacar que el Sistema Nacional de Salud, a fecha de diciembre de 2023, presenta un tiempo medio de espera de ocho días y el porcentaje de pacientes con espera superior a seis meses ha incrementado en 3,5 puntos respecto a diciembre de 2022.
