Las comunidades autónomas que han decidido bajar los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado, como el IRPF, sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y juego, están obligadas a aportar una cantidad fija a la «hucha común» estatal, aun cuando sus ingresos fiscales reales quedan muy por debajo de la recaudación teórica que marca el actual sistema de financiación autonómica.
Este sistema, aprobado en 2009 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), tiene como objetivo garantizar que todas las comunidades dispongan de recursos suficientes por habitante ajustado para ofrecer servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad. Sin embargo, tras más de una década, sigue sin cumplir este cometido, y Andalucía es una de las autonomías más perjudicadas, junto a Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
El modelo vigente opera como una cesta común llamada Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que se nutre con el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales, además de otros tributos gestionados por las comunidades y fondos estatales. El dinero recaudado se distribuye luego en función de la población ajustada y factores demográficos y geográficos de cada territorio.
En este contexto, las comunidades deben aportar al fondo común una cuantía equivalente al 75% de una recaudación normativa fijada por el sistema, una cifra virtual que no siempre coincide con los ingresos fiscales reales. En general, cuanto más bajan los impuestos cedidos, mayor es el desfase entre la recaudación real y la normativa. Cuando el 75% de la recaudación real no alcanza la cuantía teórica que deben aportar, la comunidad tiene que compensar la diferencia mediante un pago al Estado.
