Es una cesión más al separatismo catalán, pero es una significativa, en cuanto a las consecuencias económicas nefastas, —para la cohesión nacional—, que puede acarrear. El Gobierno ha puesto sobre la mesa su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica, una reforma largamente anunciada por Sánchez que incrementa de forma significativa la cesión de impuestos estatales a las Comunidades Autónomas.
En concreto, el porcentaje de cesión del IRPF pasará del 50% al 55%, mientras que el del IVA aumentará del 50% al 56,5%, lo que supondrá un incremento de recursos de unos 16.000 millones de euros en 2027. Regalo del día de Reyes retrasado para el separatismo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este viernes la propuesta en rueda de prensa, defendiendo que el Ejecutivo «asume su responsabilidad» al abordar una reforma pendiente, dice, desde hace 17 años. Según Montero, no existe «mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformular un modelo de financiación claramente agotado».
Pese al obvio trato de favor que recibirá el separatismo, Montero ha insistido en que el modelo no se diseña «a medida de una comunidad autónoma», sino que pretende adaptarse a las realidades dispares de la España autonómica.
Uno de los cambios clave es la reformulación de la denominada población ajustada, que determina las necesidades reales de financiación. La población empadronada representará el 30% del cálculo, mientras que la población protegida equivalente, vinculada al gasto sanitario, alcanzará el 38%. Este criterio amplía los grupos de edad de siete a veinte, con el objetivo de afinar los costes sanitarios.
En educación, se tendrá en cuenta la población de 0 a 17 años (17%), además de nuevos factores como los estudiantes universitarios y de FP de 18 a 24 años, así como los alumnos desplazados desde otras comunidades, con una ponderación adicional del 3,5%. En servicios sociales, la población mayor de 65 años pesará un 7%, diferenciando entre mayores de 80 años y el resto. También se introduce el número de parados sin prestación (1,5%) y la superficie territorial (1,6%), un criterio que beneficia a comunidades extensas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha explicado este viernes que su departamento está trabajando en «poner algún límite» a lo que ha denominado como «dumping fiscal» que, a su juicio, están acometiendo algunas comunidades autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación. «No tiene sentido que estemos haciendo desde el Gobierno de España esfuerzos extraordinarios para dotar de mayores recursos a los territorios y que luego los territorios bajen los impuestos en la parte que les corresponde y por tanto quedándose sin recaudar una parte importante de la eficacia que tienen determinadas figuras tributarias», ha agregado.
