La inversión de hasta 1.100 millones de euros, crucial para el futuro del polo petroquímico de Tarragona, está en riesgo. Este martes concluye el plazo para presentar alegaciones contra la posible permanencia del impuesto extraordinario a la banca y las grandes energéticas, lo que podría desatar una crisis de inversiones en España, según la advertencia realizada por Repsol hace un año que ha recordado el Diari de Tarragona: sin un marco fiscal y legal estable, no se comprometerán a invertir en el país.
Entre los proyectos afectados se encuentran la Ecoplanta de El Morell y el mayor electrolizador de España, ambos pilares fundamentales en el plan de descarbonización del polo petroquímico de Tarragona. Si la situación no cambia, estos proyectos podrían trasladarse a Portugal. De hecho, fuentes de Repsol informaron al Diari de Tarragona que ya han decidido invertir en un electrolizador en Sines, Portugal, mientras que sus iniciativas en España permanecen en suspenso debido a la falta de certidumbre regulatoria y fiscal.
La preocupación de Repsol no es nueva. Hace un año, la compañía insinuaba en su comunicado de resultados que la propuesta de convertir en permanente este impuesto, contemplada en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, generaría inseguridad jurídica que comprometería futuras inversiones. Según el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el impuesto es «discriminatorio, ilegal e inconstitucional», y afecta a negocios como el químico, que ya enfrentan dificultades para competir internacionalmente debido a esta carga fiscal.
Imaz también fue claro al advertir que, antes de tomar decisiones de inversión, observarán el entorno regulatorio. «Si no vemos estabilidad, actuaremos en consecuencia», afirmó. Este aviso parece estar a punto de materializarse, con la posible cancelación o retraso indefinido de los proyectos clave en Tarragona, entre ellos el electrolizador de 150 MW y la Ecoplanta de El Morell, ambos avalados por la Comisión Europea tras un riguroso proceso de selección.
Estos proyectos no solo son fundamentales para la descarbonización del polo petroquímico de Tarragona, sino que también representan un modelo para atraer nuevas inversiones y asegurar una industria de alto valor añadido. Si se paralizan, sería un golpe devastador para las aspiraciones del territorio en un contexto europeo donde no todos los complejos petroquímicos podrán sobrevivir a este proceso de transformación hacia la circularidad y sostenibilidad.
