España seguirá sin unos Presupuestos Generales actualizados. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aparcar la elaboración de unas nuevas cuentas para 2025 y 2026 y volcarse por completo en la negociación del próximo presupuesto europeo a siete años vista, el llamado marco financiero plurianual que presentó esta semana la Comisión Europea bajo la presidencia de Ursula Von der Leyen.
La rendición del Ejecutivo ante la imposibilidad de aprobar unas cuentas nacionales es ya evidente. La actual composición del Congreso, la oposición de Junts y de Podemos —clave por sus cuatro escaños y contraria a aumentar el gasto militar— y los continuos reveses parlamentarios han llevado a Sánchez a asumir otra prórroga presupuestaria. En marzo, el propio Gobierno ya admitía que presentar unos Presupuestos sin acuerdo previo sería «hacer perder el tiempo al Congreso».
Ahora, en cambio, Moncloa considera prioritario asegurarse una buena posición en la negociación de los fondos europeos. Según reconocen fuentes socialistas con experiencia en las instituciones comunitarias, la batalla en Bruselas es incluso «más importante» para el Ejecutivo que los Presupuestos Generales del Estado. Un planteamiento que comparten los colaboradores más cercanos al presidente.
El eurodiputado socialista Juan Fernando López-Aguilar explica que el marco financiero plurianual determina «el techo de gasto y otras magnitudes encuadradas por compromisos de gasto y deuda de la Unión Europea», con el riesgo añadido de que se acentúe la condicionalidad de los fondos y se exijan recortes nacionales. Otra fuente socialista subraya que de esa negociación «dependerá en gran medida el dinero que España va a poder gestionar».
No todos los socialistas están de acuerdo con esa visión. El exeurodiputado Ramón Jáuregui insiste en que «el presupuesto nacional es fundamental para la gobernabilidad del país«, aunque reconoce la creciente importancia de los fondos europeos.
Sánchez, en cualquier caso, es plenamente consciente de que los Presupuestos son un termómetro político de la estabilidad de su gabinete, cada vez más debilitado por los escándalos de corrupción, como el caso que ha llevado a prisión al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. Pero el presidente parece resignado a que las cuentas nacionales, convertidas en algo simbólico gracias al dinero europeo, sigan prorrogadas mientras se concentra en la negociación en Bruselas.
El presupuesto comunitario para 2028-2034 asciende a casi 2 billones de euros —1,4 veces el PIB de España— y marca las prioridades de gasto de la UE. En Moncloa ven en esa cifra la oportunidad de marcar el rumbo de la próxima década. Pero también está en juego si España seguirá siendo receptora neta de fondos o pasará a ser contribuyente neto, algo que ya ocurrió tras las últimas ampliaciones al Este y el crecimiento económico español de los últimos años.
El abandono de los Presupuestos Generales no es una percepción: basta revisar los hechos. Hace justo un año, el 16 de julio, el Gobierno aprobó el techo de gasto para 2025, pero fue rechazado por Junts, PP y VOX en el Congreso. Volvió a intentarlo en septiembre, pero retiró la propuesta antes de someterla a votación para evitar otro fracaso. Las cuentas para 2025 nunca llegaron a presentarse, pese a las promesas de la vicepresidenta María Jesús Montero, hoy más centrada en su candidatura en Andalucía. El Gobierno se ampara en que la Constitución prevé la prórroga automática del presupuesto anterior.
Mientras tanto, los números que maneja Bruselas son muy distintos: el plan presentado por Von der Leyen prevé 865.000 millones para políticas sociales —incluyendo Agricultura y Pesca—, 410.000 millones para competitividad y 200.000 millones para acción exterior. La negociación ya está en marcha, con los jefes de Gobierno, los ministros de Finanzas y los equipos técnicos defendiendo los intereses de sus países. Y, en eso, las oficinas de Moncloa están volcadas.
