La caducidad de 300.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia irrumpe en pleno colapso del mercado de la vivienda, que atraviesa la mayor crisis en décadas. Los precios del alquiler no han dejado de escalar y miles de familias destinan ya porcentajes desorbitados de su sueldo a mantener un techo. En ese escenario de máxima presión, la expiración masiva de esos contratos abre una etapa crítica: durante los próximos meses, muchos hogares afrontarán subidas del 30%, el mayor encarecimiento registrado en España en los últimos años.
Quienes firmaron en 2020 lo hicieron en un momento atípico: sin turistas ni estudiantes, con una economía paralizada y con una caída inédita de precios que permitió pactar alquileres hoy impensables. Cinco años después, esos contratos alcanzan el límite que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos para los pequeños propietarios, que concentran el 85% del mercado. Al vencer, el casero puede ajustar la renta a los valores actuales, muy superiores a los del inicio de la pandemia. De ahí que muchos inquilinos se enfrenten ahora a un salto que puede resultar inasumible en un país donde alquilar se ha convertido en un lujo.
Frente al vencimiento masivo de contratos, el Gobierno vuelve a mostrar sus grietas internas, lo que añade incertidumbre a miles de inquilinos que no saben qué ocurrirá con sus rentas en cuestión de semanas. Mientras una parte del Ejecutivo plantea una moratoria y una prórroga obligatoria para evitar el golpe, la otra insiste en mantener el encaje actual, pese a que el propio diseño de la Ley de Vivienda ha creado un mapa desigual donde la protección depende del código postal. El resultado es un escenario en el que las discrepancias políticas pesan más que la urgencia real de las familias afectadas.
La llamada «solución» pasa por una ley que solo blinda a los inquilinos en las llamadas zonas tensionadas, dejando al resto completamente expuestos a subidas libres. La norma impide incrementos superiores al indicador público que sustituye al IPC, pero únicamente en los territorios que la aplican. Fuera de esas áreas, la expiración de un contrato firmado en 2020 puede traducirse en una subida del 30% sin ningún tipo de freno. A ello se suma la imposibilidad del Gobierno de articular un criterio común, atrapado entre sus propias diferencias y la falta de mayorías parlamentarias para corregir los fallos de su propio marco legal.
La fractura se agrava porque regiones como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana —que concentran varias de las ciudades más tensionadas y con los alquileres más altos de España— no han activado los topes previstos en la ley. Esto significa que una parte muy relevante de los 300.000 contratos del covid vencerá sin red de seguridad alguna. Cada mes que pasa amplía la bolsa de inquilinos que entran en riesgo, mientras el Gobierno continúa sin un plan unificado que dé respuesta a la mayor escalada de precios en años.
La situación es distinta en los territorios donde sí rige la ley. En Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Gerona, Pamplona, Vitoria y otras ciudades con los alquileres más altos del país, un contrato que vence debe renovarse al mismo precio, lo que frena el golpe. Sin embargo, la protección es desigual. Las Palmas de Gran Canaria y Santiago de Compostela han solicitado ser declaradas zonas tensionadas sin éxito; La Coruña sí ha logrado esa clasificación. Vivienda apunta además a Zaragoza, Valladolid y buena parte de la costa andaluza como posibles nuevas zonas que cumplen los requisitos.
