El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario de Unidos Podemos contra dos disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Unidos Podemos presentó un recurso contra las disposición adicional 26a 1, a) y b), que trata sobre las limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público.
Y también contra la disposición 34a. 2 que se refiere a las responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral en el inciso «ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva».
Con la admisión a trámite, el Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
Con todo, el alto tribunal recuerda que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, algo que el tribunal resolverá en próximas fechas.
También admite el recurso contra la asistencia jurídica gratuita
El Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de Unidos Podemos contra la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos que, entre otras cosas, garantiza que los abogados y procuradores del turno de oficio estén exentos del pago del IVA.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto. El Tribunal dará traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que hagan alegaciones.
Unidos Podemos presentó el recurso el pasado mes de septiembre con el apoyo de las asociaciones profesionales Altodo, Aproed, ALA, Eureka, Confederación Española de Abogados Jóvenes, Apaem y AJA, que entienden que la reforma vulnera seis artículos de la Carta Magna.
Las Cortes aprobaron el pasado junio la reforma para poner fin a la incertidumbre generada meses antes por la decisión de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda de descontar el 21 por ciento de IVA a los abogados y procuradores que prestan el servicio público a los beneficiarios de justicia gratuita, en aplicación de una sentencia del Tribunal de la UE.
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