Traductores a los que se paga pero que no se utilizan por la ausencia de miembros de ERC y Junts del Congreso de los diputados, los partidos que han solicitado ese servicio.
Esto es lo que está ocurriendo de forma habitual en la Cámara Baja, según afirman varias fuentes parlamentarias. El Congreso, por tanto, está pagando por un servicio que no se utiliza, un gasto que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de mantener un sistema de traducción simultánea en un espacio donde todos los participantes dominan el español, el idioma oficial del Estado.
Esta medida fue prometida por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, como parte de su acuerdo con los partidos separatistas para obtener su apoyo como presidenta de la Cámara Baja, garantizando el uso del catalán, euskera y gallego.
Cada semana, los grupos parlamentarios deben especificar en qué comisiones desean utilizar la traducción simultánea para las lenguas cooficiales. Sin embargo, según denuncian varias fuentes, a menudo los diputados que solicitan el servicio no acuden a las reuniones, lo que deja a los traductores sin trabajo. Este jueves en la Comisión de Defensa se dio otro ejemplo de esta situación: sólo participaron PP, PSOE, VOX, Sumar y Unión del Pueblo Navarro, y todos hablaron en español. Los representantes de ERC y Junts, quienes habían pedido la traducción al catalán, no asistieron, al igual que Bildu y el PNV, aunque estos últimos no habían solicitado la traducción del euskera.
El coste estimado por cada sesión de un traductor ronda los 600 euros, una cifra que aumenta si se requieren intérpretes de más de una lengua cooficial. En el caso de que se solicite traducción simultánea para catalán, euskera y gallego, el gasto puede superar los 2.000 euros por sesión. Esta semana, ERC y Junts pidieron un intérprete de catalán, cuyo costo ascendió a 726 euros con IVA incluido, pese a que no se utilizó el servicio.
Desde que se implementó el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, el proceso de adjudicación del concurso público ha avanzado lentamente. Aunque en marzo la Junta de Contratación del Congreso aprobó el inicio del procedimiento, aún no se ha resuelto. Desde la presidencia de la Cámara han señalado que el proceso podría finalizar «pronto», aunque otras fuentes del Congreso se muestran más cautelosas y no se atreven a fijar una fecha concreta.
De acuerdo con un informe de agosto, el Congreso destinó 780.546 euros entre septiembre del año pasado y julio de este año para pagar un total de 249 contratos menores relacionados con la traducción simultánea, hasta el parón veraniego. Ahora, con la reanudación de la actividad parlamentaria, el gasto en traductores ha vuelto a aumentar, a la espera de que el concurso público finalmente se adjudique y se ponga fin a la actual situación transitoria.
