Un tribunal federal de Estados Unidos ha autorizado la ejecución de un laudo arbitral en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, en favor de una empresa perjudicada por la eliminación retroactiva de incentivos a las energías renovable que asciende a 23,51 millones de euros. Este caso, vinculado a la empresa japonesa JGC Corporation, podría iniciar procedimientos para recuperar el dinero pendiente mediante el embargo de activos comerciales de España en territorio estadounidense.
El conflicto surgió a raíz de cambios regulatorios en el sector energético español, que, de acuerdo con el laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), infringieron los principios de seguridad jurídica establecidos en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), firmado por España. De esta manera, la resolución otorga a JGC el derecho a recibir 23,51 millones de euros más intereses por retrasos en el pago y el reembolso de los gastos legales.
Asimismo, la magistratura estadounidense ha determinado que el laudo debe ser reconocido y ejecutado como si fuera una sentencia local, en cumplimiento de la legislación vigente y los compromisos internacionales que los países firmantes del convenio Ciadi asumen, asegurando así el pago de las compensaciones. Así, esta decisión del juez Rudolph Contreras sigue la línea de un fallo emitido por la misma corte que rechazó la petición de España de frenar este tipo de casos, argumentando que la justicia estadounidense no debería involucrarse en estos asuntos.
Por último, también consideran que el fallo en favor de JGC fortalece la posición de otros inversores afectados, permitiéndoles defender sus derechos en Estados Unidos y podría abrir la puerta a nuevos embargos, como ya ha ocurrido en Bélgica y Reino Unido.
