Estos días está emergiendo un problema estructural que llevamos arrastrando en España desde hace años: el problema del acceso a la vivienda. Mientras el alza de la demanda se aprecia en los casi 300.000 hogares netos creados en 2023 frente a los visados de vivienda que están estabilizados en torno a los 100.000 al año, la escasez de oferta sigue siendo un gran problema consecuencia de múltiples variables.
Ejemplo de ello son las políticas públicas de estos últimos 20 años que, según datos de Eurostat, el presupuesto destinado a programas de vivienda es la única que ha decrecido en 1.094 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. En el lado contrario de la tabla, las políticas públicas destinadas a las pensiones son las que mayor partida presupuestaria tienen, una variación que ha aumentado 108.397 euros.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda ha demostrado la irrelevancia hacia la escasez de viviendas de VPO terminada, estancada desde 2013 en unas 8600 de media al año, muy por debajo de las 59000 de promedio de los 20 años anteriores. Asimismo, el alquiler social únicamente alcanza un 2,5% del mercado total, contrastando con el 30% de Países Bajos o el 17% de Reino Unido.
El desplome de la construcción y el gran stock de vivienda vacía
Otra de las grandes consecuencias es el desplome de la construcción. En España, se ha pasado de construir 540.000 viviendas al año — en 2000 — a 90.000 al año — en 2023 —. Los principales motivos han sido la escasez de suelo y de mano de obra cualificada, el alza de costes y la maraña legislativa y fiscal que eterniza los trámites.
Asimismo, el gran stock de vivienda vacía o infrautilizada que alcanza en torno al 10% ha llegado, no sólo a la España Vaciada, como también en las grandes capacidades. Entre los motivos de su incapacidad de salir al mercado está la inseguridad jurídica, el fenómeno de la okupación, las limitaciones a los precios o la falta de incentivos a la rehabilitación y los impuestos a las herencias.
En consecuencia de todo ello, el 66% de los jóvenes entre 18 y 34 años sigue viviendo con sus padres y, entre las rentas medias y bajas, el esfuerzo para comprar alcanza el 23% y para alquilar un 35% de sus ingresos de media. En este sentido, el Banco de España advierte de la necesidad de 600.000 viviendas hasta 2025, mientras que existen 4 millones de viviendas vacías, lo que implica un gran desajuste entre la oferta y la demanda de viviendas.
España necesita proteger a los propietarios y reducir la carga fiscal
Ante esta situación, España tienen la necesidad de facilitar todos los problemas impuestos en las últimas décadas a la vivienda. Por un lado, es necesario liberalizar el suelo y agilizar los trámites administrativos, reducir la carga fiscal a la compra y herencias y impulsar cambios de uso comercial.
En el sector de construcción también es necesario reducirles la carga fiscal, aunque permitiendo también una colaboración público-privada mediante la cesión de suelo público a empresas privadas a precios razonables para evitar la especulación. Además, es necesario fomentar la mano de obra cualificada para el sector y incentivar la rehabilitación y compra.
En este sentido, la finalidad es diseñar unas políticas que den una mayor prioridad a las familias españolas y a los jóvenes en sus accesos a la primera vivienda, sea de compra o alquiler. Asimismo, permitir una mayor seguridad jurídica a propietarios y constructores, sin perjuicio de la libertad económica .
