El 7 de octubre de 2001, veintiséis días después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente George W. Bush ordenó a sus tropas atacar e invadir Afganistán como respuesta a la negativa del Gobierno de los talibán (estudiantes) a entregar a Osama Ben Laden, líder de la organización terrorista Al Qaeda y sospechoso número uno de ser el responsable de los atentados. La intervención militar, además de la captura de Bin Laden, tenía otros dos objetivos «oficiales» complementarios: destruir el régimen del terror talibán y, por supuesto, conducir a Afganistán, el país más miserable de la Tierra, en la dirección de la senda de la reconstrucción, del progreso y, ejem, de la democracia.
El otro objetivo, jamás oficial, fue el de conseguir lo que los soviéticos ni rozaron: trazar de una vez el gaseoducto/oleoducto que llevaría la riqueza no explotada de las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajistán Uzbekistán y Tayikistán hasta el puerto paquistaní de Karachi. Desde que el primer soldado estadounidense puso su pie en Afganistán han pasado poco menos de 20 años.
Todos los objetivos marcados, salvo el de la represalia por los atentados que conmocionaron a los Estados Unidos como sólo lo logró el ataque japonés a Pearl Harbor, no se han conseguido o sólo han tenido éxitos parciales y no definitivos. Bin Laden, que hoy duerme con los peces, no estaba en Afganistán, sino bien protegido en Pakistán. El segundo de los objetivos, el de acabar con la amenaza talibán, fue apenas un éxito momentáneo: se acabó con el régimen, pero no con los talibán.
La intervención estadounidense y el avance de las tropas tayikas de la Alianza del Norte contra los talibán (en su inmensa mayoría de la etnia pastún), no consiguió aniquilar a los estudiantes, sino desplazarlos a sus refugios naturales en las cadenas montañosas a lo largo de la frontera con Pakistán desde donde siguieron combatiendo con refuerzos diarios de cientos de nuevos talibán formados en las enseñanzas del fundamentalismo islámico de las «madrassas» (escuelas coránicas) paquistaníes. Durante 20 años, el Gobierno de Islamabad se ha revelado impotente para frenar a las decenas de imanes que desde sus púlpitos han instruido y alentado a la guerra santa contra las fuerzas occidentales.
De la democratización de Afganistán no merece la pena hablar. Para exportar al menos una suerte de democracia occidental a esa tierra asolada, primero hay que controlar esa tierra asolada. Ni el Gobierno de Karzai, primero, ni el de Ashraf Ghani, después, consiguieron apenas controlar la capital y algunas zonas limítrofes sin relevancia. Ni siquiera la presencia de fuerzas de la coalición militar (OTAN, con resolución favorable de Naciones Unidas) en otras regiones afganas le dio jamás el mando a Kabul, un mando disperso entre señores de la guerra, traficantes y los inefables comandantes tayikos, refractarios a la hegemonía de la etnia mayoritaria pastún. Dejando de lado la increíble fantasía de que la democracia pueda triunfar en un régimen islámico, sin el control de la tierra no se puede crear las infraestructuras esenciales (incluido el gaseoducto) para dotar de ingresos y de un sentimiento nacional a un territorio dividido en etnias tan irreconciliables como los pastún, los parias hazaras prochiíes, uzbekos y os temibles tayikos.
Por el camino también han quedado aparcadas otras fantasías, como impermeabilizar los pasos fronterizos de montaña y cegar sus refugios naturales, desarmar a los señores de la guerra y crear un Ejército Nacional Afgano que integrara a todas las etnias, que no consumiera la paga en hachís y que no fuera mandado en exclusiva por los tayikos. Sin nada de todo eso, la explotación de los riquísimos yacimientos de las repúblicas del norte (también musulmanas, no lo olvidemos) y su transporte hasta el puerto paquistaní de Karachi han sido quimeras.
El único éxito parcial durante estos 20 años ha sido la superación de las condiciones medievales en las que bajo el régimen talibán malvivía más de 95 por ciento de la población afgana. La mayor tasa de mortalidad infantil del mundo (de cien niños que nacían en 2001, dieciocho no vivían más de 24 horas y otros veinticinco no llegaban a cumplir un año de vida), la pésima situación de la educación, el espanto sanitario (los huertos extramuros de Kabul se abonaban con residuos humanos llevados en carromatos tirados por hazaras) y, sobre todo, la esclavitud del burka (mucho más que una simple prenda). Aunque con timidez, la presencia de las fuerzas aliadas en puntos claves de Afganistan habían devuelto a las mujeres algo de la poca libertad que apenas disfrutaron a mediados del siglo pasado, cuando el mundo islámico, de Egipto a Indonesia, trató de ir con los tiempos y no con los de hace 14 siglos.
Hoy, 31 de agosto de 2021, todos esos pequeños avances, todos, han quedado destruidos tras la desbandada, que no retirada, de las fuerzas estadounidenses y de sus aliados, incluida España. Se podrá pensar que en una tierra tan hostil, tan pobre —sólo rica en amapolas y en sangre derramada— y tan medieval no merece la pena estar. Pero no es cierto. Si fue en Afganistán donde comenzó la guerra asimétrica contra el terror islamista, salir corriendo de la zona es reconocer la victoria del terror. No un terror difuso y anónimo, sino un terror que como una sombra ha fanatizado ya a una cuarta parte de la población musulmana, una parte no desdeñable de ellos instalados en ‘desiertos no tan lejanos’ como los barrios de la periferia de las grandes capitales europeas. Esa parte del islam que hace 20 años tenía en Afganistán el campo perfecto de entrenamiento y que, hoy, tras la desbandada del ‘gran satán’ estadounidense y de sus aliados, con el aplauso de los occidentales decadentes empeñados en su autodestrucción, se convierte en algo mucho más peligroso: un símbolo.
Afganistán es, desde hoy, el símbolo de que vamos perdiendo y ellos, ganando.
