Es incuestionable que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no reúne las condiciones descritas en el reglamento de la Orden de Isabel la Católica (Real Decreto 2395/1998) para la concesión del Collar, máxima distinción de la Orden concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
A día de hoy, y salvo despiste por nuestra parte, el exterrorista comunista y exasesor económico del régimen venezolano no ha llevado a cabo los exigibles «comportamientos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de la Nación». Como tampoco parece que Petro haya contribuido «de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación española» con el resto de la comunidad internacional.
Nada de todo lo anterior, salvo que el canciller de la Orden, el subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, Luis Manuel Cuesta, a quien corresponde velar para que «cada una de las concesiones esté debidamente justificada», entienda que la afinidad de Petro con el separatismo catalán, incluidas aquellas declaraciones en las que afirmó que «España somete a una dictadura a Cataluña» y se mostró favorable a un referendo ilegal de secesión en esa comunidad autónoma, redundan en beneficio de la Nación española.
Puede, sin embargo, que lo anterior haya pasado inadvertido al canciller de la Orden, y lo que el Gobierno premie sea la ocurrencia de Petro de pasear la espada de Simón Bolívar delante de Felipe VI en su toma de posesión. Un libertador que, como es sabido pero poco recordado, influido por las enseñanzas de la pavorosa revolución haitiana, ordenó un exterminio sistemático —la matanza en el Hospital de la Guaira como mejor ejemplo— de todos los soldados españoles. Quizá crea el Gobierno de Sánchez que la exhibición de la espada de aquel libertador, a quien sólo la Historia debe juzgar, delante del capitán general de los Ejércitos españoles sea un modo relevante de favorecer las relaciones de amistad y cooperación. Quién sabe.
En La Gaceta de la Iberosfera no somos tan ingenuos como para escandalizarnos con la concesión de una condecoración a un presidente de una nación extranjera, por muy terrorista, filoseparatista y vulgar que sea.
Conocemos el abuso que todos los Gobiernos hacen de medallas y honores y entendemos ciertas necesidades diplomáticas, pero entregar una distinción con el nombre de Isabel I a un furibundo hispanófobo que tiene como asesor a un antiguo miembro del grupo terrorista catalán Terra Lliure como Xavier Vendrell, con dos atentados a sus espaldas en 1989 y 1990, degrada la Orden de Isabel la Católica. Que es lo mismo que degradar a España.
En el caso de Gustavo Petro —muy en especial en su caso, aunque no es la única indignidad en la historia de la Orden—, el Gobierno español no ha cumplido con las exigencias de un reglamento que, por fortuna, prevé en su artículo 12 la retirada de la condecoración cuando la persona haya sido condenada por un hecho delictivo en virtud de sentencia firme.
En lo que se refiere a Petro, el amplio conocimiento que atesoramos de cómo gobiernan los comunistas en Iberoamérica nos informa de que sólo tendremos que sentarnos a esperar. Y en el ínterin, cambiar de Gobierno.
