España ha asistido hoy a un espectáculo bochornoso en el Congreso de los Diputados. Un error, sea del sistema de votación telemática o un error humano de un diputado enfermo del Partido Popular, Alberto Casero, cuyo voto ha sido contabilizado como un «Sí» a la reforma laboral del Gobierno, ha concluido con la convalidación del Real Decreto que reforma lo poco medio decente que hizo el PP en su momento.
De nada ha servido que el diputado se presentara antes de la votación presencial en la sede de la soberanía nacional para rectificar el error. La presidente del Congreso, Meritxell Batet, ha negado al diputado —que a despecho de su enfermedad ha acudido al Congreso— su incuestionable derecho a que se rectifique el voto favorable contabilizado.
Un voto que se ha sumado al de los partidos de la coalición de Gobierno, a los restos moribundos de Ciudadanos, al partido del golpista fugado Puigdemont y a esa miríada de partidos regionalistas, empezando por Nueva Canaria y Coalición Canarias, que han convertido al Congreso, siguiendo las históricas enseñanzas del PNV, en un mercado persa. Lo de Ciudadanos sólo es la constatación de su inutilidad y no debemos dedicarle más tiempo. Que el olvido les sea leve.
Lo vivido hoy es un pucherazo, una cacicada más de Batet que en el pasado tantas muestras ha dado de desprecio por la legalidad como el inexplicable cierre del Parlamento durante los ilegales estados de alarma. Sea error propio o informático, la presencia en el Congreso del diputado popular enfermo y su exigencia de que se rectificara su voto debería haber sido atendida. Del mismo modo lo pediríamos, y en ello empeñamos nuestro nombre, si el error hubiera sido de la bancada que apoya esta reforma laboral que va a dar más poder a las centrales sindicales izquierdistas subvencionadas y que abandona a los trabajadores a cambio de una ley que sólo busca maquillar ante Europa la temporalidad y la precariedad en España.
Las relaciones laborales ente empresarios y trabajadores en una nación grande europea —cada vez menos grande— no pueden ser legisladas sobre la base de un error. Esta reforma laboral nace ilegítima y debería abochornar al Gobierno y a la presidencia de la Cámara Baja el tiempo necesario para dar por anulado el Real Decreto.
Aunque para eso, por supuesto, se necesite vergüenza. Algo que, vistos los antecedentes del doctor Sánchez y de Meritxell Batet, segunda y tercera autoridad del Estado, es casi imposible. Y sin el casi. Venezuela, por desgracia, no nos queda tan lejos.
