La noticia de que un trino en twitter de la serie televisiva ‘Cuéntame’ de TVE ha llamado «lucha armada» a lo que es la actividad terrorista de la banda de pistoleros ETA, no merece más comentario que un desprecio. Pero sí que nos da pie a una reflexión sobre el concepto de la televisión como servicio público en España.
Entre las miles de leyes que disfrutamos/padecemos, hay una muy poco conocida: la ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, que define a la perfección los criterios que configuran un servicio público que en su día fue esencial para la vida democrática española.
Esos criterios son los esperables: neutralidad y objetividad, así como el fomento de la pluralidad, de la libertad de opinión, de la igualdad y de un largo etcétera hasta un total de 19 obligaciones que el legislador impuso a un servicio público en una ley cuyo espíritu está presente también en las normas que regulan el resto de las decenas de canales públicos que se agolpan en las autonomías.
Y sin embargo, a nadie se le escapa que todas las radios y televisiones públicas hacen lo contrario de lo que están obligadas a hacer con el dinero de nuestros impuestos. Mucho dinero, por cierto. En total, unos 2.000 millones de euros anuales, el mismo dinero que costaría levantar 13 hospitales de emergencias o el que haría falta para aumentar el indigno salario anual de los médicos españolkes unos 12.500 euros por año a cada uno para evitar así que se fuguen a otros países.
Se nos ocurren, y a buen seguro que al lector también, otros mil ejemplos más en lo que podríamos destinar el dinero de nuestros impuestos que los políticos usan para mantener unos canales deficitarios per se, alguno de los cuales no cumple ni siquiera con su función primordial de fomentar el uso de una lengua regional, como es el caso del canal en euskera de la televisión vasca, con una audiencia raquítica que en ciertos momentos no llega ni al uno por ciento.
Además de no responder, ni por asomo, a criterios de pluralidad ni en sus plantillas ideologizadas ni en sus programas (¿alguien ha visto a un periodista afín, digamos, a Vox en los programas de TVE?), todos los canales públicos son la voz de sus amos políticos. En algunos casos, de una manera cipaya, como es el caso de la televisión pública catalana, TV3, de la que viven miles de secuaces a sueldo del independentismo y que sirve de vaca de ordeño a las productoras privadas al servicio de la causa secesionista.
Por si fuera poco todo lo anterior, es decir, por si fuera poco el nepotismo, el clientelismo, el despilfarro y el sectarismo de los medios públicos, la cruda realidad es que las grandes plataformas extranjeras de contenido audiovisual (Netflix, Amazon Prime, Woke Disney, HBO, Filmin y las que habrá en un futuro) han arrebatado una parte sustancial, y joven, de la audiencia de las televisiones generalistas. De todas. Hoy en día, que nadie lo dude, es mucho más barato y más rentable promocionar una comunidad autónoma a través de una buena serie de televisión que creando un pesebre sobredimensionado para periodistas a sueldo del poder político y del ego de un presidente regional.
Por todo lo escrito, que es indiscutible, es por lo que nadie en su sano juicio puede entender las recientes declaraciones del candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en las que aseguraba que una de las líneas rojas (expresión manida de la que empezamos a estar un poco cansados) para un posible pacto poselectoral con Vox, es que los de Macarena Olona retiren su propósito de cerrar la televisión autonómica andaluza, Canal Sur.
En esta Andalucía empobrecida y maltratada por el mal uso del dinero de nuestros impuestos, debe ser obligatorio hablar de todo lo que sea necesario para reducir el gasto político a la mínima expresión y usar el dinero para mejorar la vida de las familias andaluzas, los emprendedores y las pequeñas empresas, que son el motor de la región. ¿No querían reinicio? Pues reiniciémonos, pero con criterios de austeridad presupuestaria y buen uso del dinero de nuestros impuestos. Y sin líneas rojas, hojas de ruta y demás expresiones cansinas que al final sólo enmascaran el deseo de que la fiesta del gasto político continúe en Andalucía.
En Andalucía, como en España, necesitamos más médicos y enfermeros, y mejor pagados. Necesitamos más inversión en Seguridad y Defensa, incluida la maltratada Sanidad Militar. Necesitamos más emprendimiento, más tejido empresarial privado y más políticas activas de lucha contra la inmigración ilegal. Necesitamos, con urgencia, reunificar y elevar la calidad y la exigencia del sistema educativo, desde la escuela primaria a la universidad, pasando por la formación profesional. Necesitamos más campo, más industria… Necesitamos mejores infraestructuras hidrológicas y construir buena parte de nuestra perdida soberanía energética. Necesitamos decenas de mejoras en las estructuras vitales de una región —y por extensión, de España— que la pandemia nos demostró que no están a la altura de los retos modernos.
¿Necesitamos canales autonómicos de televisión? Si la respuesta es no, tenemos que hablar, Juanma.
